Prensa en el blanco

La libertad de prensa es como la manzana de la discordia. Librar a la profesión periodística de los límites de los intereses de las élites es la utopía más perseguida por aquellos buscadores tenaces de todas las aristas de la realidad.

Los dos modelos más extendidos –el público y el privado- plantean problemas, cada uno por motivos diferentes.

Recientemente, esta libertad y derecho fundamental ha sido vulnerada en dos países: Egipto y España.

A continuación, te presentamos la situación de cada país en detalle.

Egipto postrevolución

Un reportaje publicado en El País el pasado martes 28 da cuenta de la situación de la libertad de prensa en este país.

Escritores, actores y periodistas se manifestaron el miércoles 22 de agosto en el centro de El Cairo portando pancartas que recordaban a las de las marchas contra Mubarak.

El motivo: el acoso por parte de los poderes públicos a los medios no ha desaparecido con la  Revolución.

Como se informa en EuroXpress, que se define como un portal de noticias de la Unión Europea, el portavoz de la Organización Egipcia para los Derechos Humanos, Sherif Etman, advirtió: “Estamos presenciando un aumento de la presión por parte de la Hermandad Musulmana contra la libertad de expresión (…) Usan algunas de las técnicas que empleaba Mubarak para reprimir a la prensa”.

Entre los ataques que coincidieron con la llegada al poder de Mohamed Morsi a principios de julio se encuentran los siguientes: procesamiento y encarcelamiento preventivo de periodistas por “insultar” al presidente, cierre temporal de una cadena de televisión por satélite que era hostil para con los Hermanos Musulmanes y secuestros de números de varias publicaciones.

Dos son los pilares que sustentan la vulnerabilidad de la libertad de prensa: las leyes que castigan con dureza los delitos de opinión y un imperio de medios públicos bajo control del Gobierno.

El primer pilar, el de las leyes, incluye penas de cárcel por vilipendiar al presidente o a altos cargos públicos. Una de las organizaciones de derechos humanos más importantes de Egipto, ANHRI, pidió abolirlas y dijo haber hablado con diputados de la Hermandad que manifestaron estar de acuerdo con el 99 por ciento de los planteamientos de la asociación.

Las políticas de la Hermandad en el ámbito de la comunicación, aunque no justificables de ningún modo, serían la reacción a los ataques contra ella antes de las elecciones tanto por parte de medios públicos como de privados (la mayoría  en manos de empresarios afines a Mubarak).

Además de los ataques ya mencionados, puede hablarse de purga de algunos cargos debido al control del partido de Morsi sobre el Consejo de la Suhra (cámara alta del parlamento). Ésta creó en junio un comité de 14 miembros, dirigido por una persona de la Hermandad, con el fin de nombrar a nuevos editores en jefe de 45 publicaciones estatales.

Las nuevas líneas editoriales eran todas favorables al presidente. Algunas secciones de varios medios críticas con la Hermandad fueron eliminadas. Varios columnistas han denunciado censuras. También se ha acusado al partido de Morsi de atacar a medios independientes.

Además, a comienzos del mes pasado el presidente anunció que su gabinete contaría con un ministro de Información, cargo que en regímenes anteriores sirvió para definir la línea editorial de los canales estatales de televisión.

El elegido para ese cargo fue Salah Abdel Masqsoud, de la Hermandad. De ahí las sospechas de que el Partido Libertad y Justicia está tratando de  controlar los medios.

No obstante, la movilización de hace apenas 2 semanas tuvo éxito: al día siguiente, Morsi decretó el fin de la posibilidad de que alguien fuera a la cárcel preventivamente por un delito de opinión. También liberó a Islam Afifi, acusado de difamar al presidente por sus artículos publicados en el periódico el-Dustour.

Ahora sólo queda ver si los Hermanos Musulmanes decían la verdad a ANHRI y si cumplirán sus promesas. Y es que aunque muchos activistas están de acuerdo con que la libertad periodística debe encontrar límites en la difamación o la manipulación, no están de acuerdo con las formas ni con algunas de las censuras.

Sólo el tiempo dirá si no se hace realidad el temor de que una dictadura militar sea reemplazada por una dictadura partidista.

España, TVE y el PP

En el país ibérico los que han sufrido ataques a la libertad periodística han sido los trabajadores de la Corporación Radio Televisión Española, una sociedad mercantil estatal que gestiona el servicio público de radio y televisión.

Tanto es así que la organización Reporteros Sin Fronteras publicó una noticia el 7 de agosto (“El gobierno retoma el control del sector audiovisual público”) en el que expresaba su preocupación por la destitución de periodistas de la Corporación como consecuencia de la llegada al poder del gobierno conservador de Mariano Rajoy.

Para entender por qué el gobierno del actual presidente, del Partido Popular (PP), ha podido ejecutar estos despidos, es importante conocer el contexto.

Durante el anterior gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se reformó Televisión Española con el objetivo de que el presidente de la Corporación no fuera designado a dedo por el gobierno de turno.

Sin embargo, en las elecciones de noviembre de 2011, el PP obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso con el 44.63 por ciento de los votos. Ésta le permite formular leyes por decreto y los populares no han escatimado en el uso de este recurso.

Así, si desde 2006 se necesitaba una mayoría de dos tercios en el Congreso para designar al presidente de la Corporación –lo que implicaba, al menos, consenso entre los dos partidos mayoritarios–, con la modificación que introduce el Real Decreto de abril de 2012 en la

elección del presidente, desaparece ese requisito y bastará con una mayoría absoluta –que ahora ostenta el PP– para designarlo.

La justificación del PP, que anteriormente había acusado a la Corporación de una parcialidad que beneficiaba a la izquierda, consistía en que RTVE estaba en “parálisis” desde julio de 2011 porque, a falta de acuerdo entre PP y PSOE, el presidente rotaba cada mes.

Para los populares, reinaba una especie de caos. Sin embargo, los trabajadores estaban organizándose en asambleas y habían decidido que el presidente cambiara cada mes hasta que se alcanzara el acuerdo.Para los menos informados, esto era desconocido en el sentido de que todo seguía funcionando bien. Por esto, para muchos, la justificación fue, en el fondo, una excusa.

Entre los despidos más llamativos estaba el de Ana Pastor. Esta periodista española presentaba un programa diario de debate político, “Los Desayunos”, que contaba con una audiencia de unos 5 millones de espectadores. Era conocida sobre todo por sus entrevistas, en las que no tenía miedo de preguntar nada, fuese quien fuese. Cosa que no gustaba a los populares.

Según los nuevos dirigentes de la Corporación, le ofrecieron un programa nocturno. Según Ana Pastor, le sugirieron “esperar algunos meses”.

Juan Ramón Lucas, conductor de “En días como hoy”; Toni Garrido,  presentador de “Asuntos propios”; Fran Llorente, director de Informativos de TVE o Javier Gallego, presentador de “Carne Cruda”, también fueron despedidos o cerraron sus programas.

Gallego expuso en una nota publicada tras conocer su despido que “No han ocultado que les estorbaban periodistas que pueden ponerles en tela de juicio, como Ana Pastor, Toni Garrido o Juan Ramón Lucas, a los que han despedido cuando mas éxito tenían sus programas”.

Los informativos que dirigía Fran Llorente recibieron este año 2 premios: uno del Colegio de Periodistas de Cataluña y otro de la Asociación de la Prensa de Madrid porque los consideraba “neutrales, independientes y con un prestigio sin precedentes”.

Anteriormente, en 2011, el Telediario se colocó –y no por primera vez– entre los 3 mejores informativos del mundo en los TV News Awards. Estos y otros renocimientos explican la indignación ante la purga.