Primera condena a funcionario de Kirchner

Un tribunal argentino condenó ayer a cuatro años de prisión a la exministra de Economía argentina, Felisa Miceli, por el hallazgo en 2007 de una bolsa con más de 52 mil dólares en el cuarto de baño de su despacho.

Miceli, que tuvo que renunciar después de que estallara el escándalo, también fue inhabilitada por el tribunal a ocupar un cargo público durante ocho años. 

La economista había asumido como ministra en 2005 durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de la actual mandataria Cristina Fernández.

Esta es la primera condena que recibe un funcionario del gobierno de Kirchner. 

‘Soy inocente’

Miceli fue hallada culpable de encubrimiento agravado y sustracción de documento público a raíz de la desaparición del acta policial donde se consignaba el hallazgo de la bolsa con 100 mil pesos argentinos (unos 20 mil 366 dólares) y 31 mil 670 dólares en un armario del cuarto de baño de su despacho en el Ministerio de Economía.

Tras conocer la sentencia, la ex funcionaria dijo a los periodistas que es inocente y que recorrerá todas las instancias judiciales para demostrarlo. 

Cuestionó además que haya funcionarios que gozan de una “estructura de poder a su alrededor” que les permite escapar del castigo de la justicia.

Miceli sostuvo a lo largo del juicio que el dinero se lo habían prestado su hermano y una amiga para comprar una propiedad y señaló que lo había guardado temporalmente en su cuarto de baño a la espera de poder depositarlo en el banco. (Associated Press)

Fallo a favor de De la Rúa

El mayor tribunal penal de Argentina falló de forma unánime a favor del expresidente (1999-2001), que tuvo que renunciar al cargo el 20 de diciembre de 2001 después de la violenta represión policial contra cientos de manifestantes ese día y el anterior en la Plaza de Mayo.

Los jueces rechazaron los recursos de las querellas y del Ministerio Público Fiscal contra la decisión de sobreseer a Fernando De la Rúa de los cargos de homicidio y lesiones culposas dictada en noviembre de 2010.

Los familiares de las víctimas, que habían pedido el procesamiento de De la Rúa para que fuera llevado a juicio oral, podrían apelar esta decisión a modo de recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.

El exmandatario, que decidió dictar el estado de sitio, afirmó en su defensa que nunca ordenó el desalojo de los manifestantes y que éste se produjo por una orden judicial y fue organizado por funcionarios subalternos y aplicado por la policía federal. (AP)