Los pueblos indígenas del mundo están amenazados por el COVID-19. La pandemia representa una amenaza crítica para estas comunidades, en una época donde también luchan contra afectaciones ambientales producidas por el ser humano, la marginación y la pobreza.
Estos pueblos habitan en lugares remotos en los cuales se complica el acceso a los servicios de salud, agua potable, a lo cual se suma la barrera del idioma, lo que impide que tengan acceso a información confiable respecto a la emergencia sanitaria.
A este panorama se suma que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los indígenas que viven en áreas urbanas sufren usualmente de pobreza multidimensional y estas afectaciones se agravan por la severa discriminación, lo que complica su acceso a servicios médicos.
“Su estilo de vida comunitario puede incrementar la probabilidad de contagio aunque en todo el mundo hemos visto ejemplos inspiradores de cómo las comunidades indígenas han tomado medidas basadas en su fuerte organización interna para limitar la propagación del virus y reducir sus impactos”, dijo Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Es por ello que en diversas ocasiones la ONU ha llamado a los gobiernos a reconocer a los pueblos indígenas como población vulnerable, para que las administraciones implementen medidas que ayuden a mitigar la expansión de la pandemia.
Hasta ahora, en el continente americano hay más de 70 mil integrantes de comunidades indígenas que han sido contagiados por el COVID-19. Entre estos hay al menos 23 mil miembros de 190 pueblos indígenas que habitan en la cuenca del Amazonas, de acuerdo con datos de la ONU.
Además, la enfermedad ha dejado a más de mil víctimas mortales en la Amazonia, entre ellas adultos mayores que guardan un profundo conocimiento de tradiciones ancestrales, como la defunción del Jefe Aritana Yawalapiti, en Brasil.
En la Amazonía, región que se expande por Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa, existen más de 420 pueblos indígenas que habitan en comunidades que afectadas por la minería ilegal, la explotación forestal, la agricultura de tala y quema.
Las actividades ilegales ponen en riesgo a la mayoría de estas comunidades que viven en aislamiento voluntario de las sociedades modernas, dado que los invasores pueden ser portadores del virus, es por ello que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU destaca que la labor de prevención en estas zonas es primordial para salvar vidas y proteger las redes de cultura, lenguaje y conocimiento tradicional.
“La pandemia hace evidente la importancia de garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos de autonomía y de autodeterminación. Ellos siempre deben ser consultados, y deben poder participar en la formulación e implementación de políticas públicas que les afecten, por medio de sus entidades representativas, líderes y autoridades tradicionales”, declaró Michelle Bachelet.