La primer mandataria del país amazónico se encuentra en un momento delicado de su gobierno
Tras la detención para declarar el viernes pasado del expresidente brasileño Luiz Inázio Lula da Silva para presentarlo a declarar como sospechoso de haber formado parte de la red de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, el cerco sobre la presidenta Dilma Rousseff se estrecha.
La primer mandataria del país amazónico se encuentra en un momento delicado de su gobierno, el cuál tiene su término legal en 2019, sin embargo, existe la percepción de que podría no terminar el mandato por el cual fue reelecta hace dos años.
Dilma enfrenta todos los males al mismo tiempo, una situación crítica que hace tambalear su mandato.
Una investigación la señala como la principal sospechosa de encubrir el escándalo de Petrobras.
No sólo eso. Un fiscal la ubica, junto al expresidente Lula da Silva, como los principales beneficiarios de esta red de corrupción.
La oposición brasileña no cesa en exigir su renuncia.
El fantasma de un juicio político en contra de la presidenta brasileña la persigue.
Los últimos golpes a la ya de por sí deteriorada imagen de Rousseff fue la publicación de una encuesta que la ubica con aprobación de apenas el 11 por ciento en su gestión.
Esto aunado al adverso pronóstico de crecimiento económico del Banco Central y la detención la semana pasada de Joao Santana, el principal asesor de su campaña presidencial.
Y ahora, tras la arresto del expresidente Lula Da Silva, liberado horas después de declarar ante la fiscalía, algo que no se veía como probable no hace mucho tiempo, nadie descarta un escenario que podría cimbrar aún más la situación política en Brasil: Que la presidenta en funciones sea llamada a declarar por el caso de Petrobras.
El golpe a Lula
El pasado viernes la Policía Federal de Brasil registró el domicilio del exmandatario, ubicado en las inmediaciones de la ciudad brasileña de Sao Paolo en las primeras horas de la mañana.
Posteriormente el mandatario fue llevado a declarar en calidad de sospechoso.
La operación fue denominada ‘Aletheia’, una expresión griega que significa “Búsqueda de la verdad”.
En ella participaron alrededor de 200 policías 20 auditores de hacienda en cumplimiento de órdenes judiciales en los Estados de Sao Paolo, Río de Janeiro y Bahia.
El Ministerio Público Federal de Brasil ha acusado al exmandatario por primera vez de ser uno de los “principales beneficiarios” del sofisticado sistema que servía para desviar dinero de la empresa Petrobras y que “favorecía a empresas que se enriquecían a costa de la estatal”.
Lula fue presidente brasileño entre los años 2003 y 2010, cuando pasó la estafeta a otra miembro del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff.
Según los datos de la operación Java Lato, la supuesta red de corrupción que operaba en Petrobras se mantuvo activa entre 2004 y 2012, lapso en que se habrían desviado alrededor de 10 mil millones de reales de la petrolera.
El expresidente brasileño fue puesto en libertad después de prestar declaración por alrededor de 3 horas en la fiscalía. Lula aseguró a su salida que “ha servido más como circo mediático que como una investigación seria” y aseguró que está a disposición de la justicia, por lo que el espectacular operativo no era necesario. “Si querían escucharme solo tenían que llamarme que yo iba, porque no debo y no temo a la justicia”.
Lula es aún reconocido en la actualidad como la principal figura del Partido de los Trabajadores, e incluso ha afirmado a la prensa de su país que no descarta presentarse a contender en las elecciones presidenciales en 2018.
¿Hasta dónde llegará la investigación?
Ante el escándalo suscitado desde el inicio de las investigaciones de la red de corrupción al interior de Petrobras, el PT brasileño se encuentra en la mayor crisis en sus años en el poder, y aún no hay un pronóstico certero sobre cuáles serán los alcances de la pesquisas.
Durante la presidencia de Luiz Inázio Lula Da Silva, la ahora presidenta Dilma Rousseff se desempeño como Ministra de Energía, lo que a su vez la convertía en presidenta del Consejo de Administración de Petrobras, por lo que es señalada de utilizar su posición para encubrir y proteger estas actividades.
Muchos de los más importantes miembros del PT ya han sido sentenciados por el escándalo de Petrobras, entre ellos el extesorero del partido José Vaccari Neto; el senador Delcidio Amaral; José Dirceu, exjefe de gabinete de Lula; así como funcionarios y directivos de la petrolera, empresarios y financieros.
El brazo de la justicia brasileña ya alcanzó al exmandatario. La pregunta ahora, no es si Dilma Rousseff será llamada a cuentas, sino cuándo y hasta dónde llega la responsabilidad de los dos últimos mandatarios brasileños.
