La presidenta sostiene que las medidas buscan transparentar el sistema judicial y eliminar a los magistrados que protegen sus intereses
La Cámara de Diputados argentina convirtió ayer en ley parte de la polémica reforma del Poder Judicial que según la oposición vulnera la independencia de la justicia y garantiza la impunidad del gobierno.
Por su parte, la presidenta Fernández sostiene que la reforma busca transparentar el sistema de justicia y eliminar lo que a su entender son magistrados que protegen sus intereses o los de empresas y corporaciones en contra del Estado.
La propuesta que limita el período de vigencia de las medidas cautelares contra el Estado fue una de los proyectos de ley que se aprobó, después de ser retocada recientemente por el oficialismo.
Esto porque según organizaciones civiles incurría en inconstitucionalidad y, tras sus quejas, se amplió a “sectores socialmente vulnerables” la opción de que un juez otorgue una medida cautelar antes de tener el punto de vista estatal. Pero para los opositores, esto es insuficiente.
La reforma también indica que al otorgar una medida cautelar “el juez deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia, que no podrá ser mayor a los seis meses”, que podrá prorogarse por otros seis meses y que en los casos tramitados “por el procedimiento sumarísimo y en los juicios de amparo” el plazo no excederá los tres meses.
Otro punto polémico es el que afirma que los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que “afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias”.
Por otro lado, también salió adelante la iniciativa oficialista para crear tres Cámaras de Casación en lo Contencioso Administrativo, en Trabajo y Seguridad Social y en lo Civil y Comercial, que se sumarán a la ya existente en el fuero penal, como instancia de apelación previa a la Corte Suprema.
Como también se aprobaron cambios a la propuesta de reforma del Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y remueve a los magistrados, la iniciativa volverá al Senado.
Las partes que quedan pendientes son: la publicación en Internet del patrimonio de los jueces y los funcionarios, la de las resoluciones de la Corte Suprema y de los tribunales federales, y que el ingreso de funcionarios al Poder Judicial sea mediante concurso. (AP)
