Hace un año, la población a nivel mundial buscaba una solución ante la pandemia por COVID-19, una alternativa que le permitiera sentirse protegida del nuevo virus.
Hoy en día, esa opción es la vacuna. Y aunque su mayoría ofrece al menos un 90 por ciento de protección, aún hay personas que prefieren no aplicársela o ven con malos ojos el que les pidan hacerlo.
Como en Estados Unidos, donde múltiples funcionarios republicanos se han manifestado en contra de la petición que el presidente Joe Biden emitió para que a todos los trabajadores se les solicite la vacuna de manera obligatoria.
Según los oponentes, el gobierno no tiene la autoridad para forzar la aplicación de las dosis o de las pruebas anti-COVID al sector privado.
La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, aseguró al respecto que la orden era una imposición que viola la decisión personal, pues la gente es la que debería decidir por sí misma qué es lo mejor para su salud.
Por su parte, el procurador general de Carolina del Sur, Alan Wilson, mencionó que esta propuesta era “una basura”, ya que era algo inconstitucional a lo que debían resistirse.
“Si bien estoy de acuerdo en que la vacuna es la herramienta que mejor nos protegerá contra el COVID-19, esta medida del gobierno federal no tiene precedentes y tendrá consecuencias perjudiciales”
Estas voces de republicanos se reforzaron desde que el presidente Biden dictaminó que los empleados de su país se tenían que vacunar contra el coronavirus con un plazo máximo del 4 de enero. De no hacerlo, podrían tener multas de hasta 14 mil dólares.
Respecto a las oposiciones, el presidente emitió un comunicado el jueves pasado en el que negó que su orden de vacunarse perjudique las perspectivas de las empresas de retener a sus empleados.
“No ha habido ‘despidos masivos’ ni escasez de personal por el requisito de la vacuna. A pesar de lo que algunos pronosticaron, y en lo que insisten falsamente, el requisito de la vacuna tiene amplio apoyo del público”, aseguró.
