En Estados Unidos la “tolerancia cero” contra inmigrantes continuará, la detención de menores, padres de familia y cualquiera que cruce la frontera también, por lo que organizaciones civiles, congresistas y especialistas consideraron que, en realidad, la orden ejecutiva para mantener unidas a las familias, firmada por Donald Trump, no contribuye en nada al tema migratorio.
Para el líder demócrata en el senado estadounidense, Charles Schumer, la orden ejecutiva no establece un mecanismo específico para reunificar a las familias de los más de dos mil menores de edad que han sido separados de sus padres, por lo que se espera que su situación se mantenga igual.
Para el demócrata Eric Swalwell, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el siguiente paso es que Trump impugne legalmente la validez del estatuto Flores, que limita las detenciones de migrantes a 20 días, para retener por tiempo indefinido ya no sólo a menores sino a familias enteras en una especie de “campos de internamiento”.
La senadora mexicano-estadunidense Catherine Cortez-Masto deploró que la orden ejecutiva de Trump preserve la idea de la criminalización de las familias migrantes, en lugar de buscar una solución humanitaria.
Por su parte, el organismo internacional humanitario Human Rights Watch consideró que si bien la separación de los niños inmigrantes de sus padres planteaba un problema serio en cuestión de derechos humanos, “la detención de niños con sus familiares también es muy perjudicial para los infantes”.
La orden ejecutiva, firmada hoy por el presidente Donald Trump, establece que se pondrá fin a la separación de las familias pues, ahora, todos permanecerán encerrados en condiciones carcelarias lo que para Denise Bell, investigadora de los derechos de los migrantes de Amnistía Internacional, es otra forma de castigar a padres e hijos por buscar protección.
La activista consideró que esta nueva orden es una traición a las personas que huyen de la violencia y la persecución y enfatizó que las familias no deben permanecer retenidas por períodos prolongados solo porque buscan seguridad.
“El encarcelamiento de niños no solo va en contra de los valores compartidos de dignidad e igualdad de nuestro país, sino que también es ilegal y amenaza con manchar permanentemente el historial de derechos humanos en Estados Unidos”, declaró Bell.
En el vecino país del norte, organizaciones civiles que defienden los derechos de los migrantes se manifestaron en contra de la orden ejecutiva y aseguraron que no es una victoria ni ofrece ninguna solución a la problemática que supone la inmigración.
Para Francisca Porchas, directora de Movimiento Puente, organización con sede en Phoenix, Arizona, la acción forma parte de “una táctica, un plan preconcebido para normalizar en Estados Unidos el encarcelamiento de las familias de los migrantes por tiempo indefinido, lo que llevaría a hacer de la detención de familias parte de la cultura”.
Cesar Espinoza, director de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha, con sede en Houston, Texas, aseveró que está en contra de la orden ejecutiva porque se continuará deteniendo a niños.
“Sólo se usa como un truco político para parecer más compasiva, pero al final del día los niños continuarán siendo detenidos”, expresó.
