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“Ahora es la hora”, es el lema con el que los catalanes exigen, con mayor fuerza que antes, que se realice un referendo para decidir su separación del resto de España.
Sólo dos semanas después de que los escoceses eligieron “no” independizarse de Reino Unido, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, encabeza el movimiento para que el 9 de noviembre haya una votación separatista.
Sin embargo, a diferencia del apoyo institucional de Londres a Escocia, el presidente de España, Mariano Rajoy tumbó la consulta al apelar en el Tribunal Constitucional, que suspendió el decreto de convocatoria y la ley catalana de consultas.
“Mientras yo sea presidente del Gobierno, la ley se va a respetar en toda su integridad. Que todos los catalanes y el resto de los españoles estén tranquilos en ese sentido”, expresó Rajoy este lunes, tras exponer los recursos de apelación.
El Gobierno de la Generalitat, que había promovido el referendo el sábado pasado, decidió cancelar su campaña informativa oficial, pero advirtió ayer que la consulta sigue en pie.
“Ayer (lunes) no terminó nada y la determinación del Gobierno es seguir adelante y haremos las cosas cumpliendo los compromisos”, declaró el vocero de la Generalitat, Francesc Homs.
“Lo que generaría desilusión es que el Gobierno saliera y dijera que el proceso se ha acabado. Esto no lo hemos dicho”.
De hecho, los catalanes contestaron a Madrid con firmeza.
La Asamblea Nacional Catalana, organización civil proindependencia, ha lanzado una campaña para reunir 100 mil voluntarios que colaboren en la realización del referendo.
Además, decenas de miles de personas inundaron ayer las calles de las ciudades más importantes de Cataluña, como Barcelona y Badalona, para exigir que el Tribunal Constitucional revoque la suspensión.
La Asamblea y el Gobierno aseguran que 80 por ciento de los 7.5 millones de habitantes de Cataluña están a favor de efectuar la consulta separatista.
El rechazo español
Pese a la emoción separatista, fuera de Cataluña se percibe de forma negativa el movimiento independentista.
Los opositores del referendo argumentan que seguir con la consulta traería problemas económicos al resto de España.
“La inestabilidad generada por el desafío independentista puede poner en riesgo la recuperación”, indicó ayer El Mundo en un editorial que aplaudió la suspensión de la consulta, “no parece casual que esté subiendo la prima de riesgo.
“Que la Bolsa española fuera ayer la que registró una mayor caída en Europa, que sean Caixabank y Banco Sabadell los bancos más castigados en el Ibex y que la agencia Fitch amenace con calificar como bono basura la deuda de Cataluña”.
Otros críticos, como el columnista del diario ABC Hermann Tertsh, señalan que las intenciones de Cataluña evidencian que toda España atraviesa una grave crisis política.
“Cataluña es un efecto más de la putrefacción de los problemas que arrastra España”, escribió ayer Tertsh, “nunca podrá un personaje menor como Artur Mas ser un problema para España.
“Si vemos ahora al hombre vulgar que preside la Generalidad de Cataluña como alguien especialmente detestado por hacer un inmenso daño a la convivencia entre españoles, es porque personifica nuestra crisis”.
La fuerza catalana
Los especialistas no consideran que Cataluña ceda a las amenazas de los políticos de Madrid.
“Si los jueces declaran inconstitucional la norma, Mas podría dar un paso que no tiene precedente en la historia reciente de España: llamar a la desobediencia civil y forzar el referéndum en una situación de ilegalidad”, argumentó Carlos Delgado, director de Deutsche Welle Español.
“En último extremo, el Gobierno catalán podría movilizar a su propia policía para proteger la realización del referéndum frente a las fuerzas del Estado español”.
Otros creen que, aunque la consulta no se realice, la separación de España es innegable.
“La disgregación del Estado-nación español, se resuelva como se resuelva el actual conflicto catalán, es una posibilidad que no puede ser descartada. A pesar de la lógica incredulidad que genera, ha estado presente desde hace ya tiempo”, escribió Tomás Pérez Vejo en El País.