"Voy a pedir que se instale lo antes posible el Consejo de Estado para que Venezuela se retire de la tristemente célebre CIDH”
El canciller venezolano dijo que la Comisión está al servicio de los ‘poderosos de América Latina’
Venezuela vivió ayer su primer día fuera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se unió a la lista de otros países disidentes que desconocen este órgano.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro terminó con toda esperanza de muchos miembros de la política venezolana de dar marcha atrás a la decisión de desconocer las competencias de la CIDH.
Con esta acción, Venezuela queda fuera de la jurisdicción de la Corte Interamericana en momentos en los que la situación social es complicada debido a los altos índices de inseguridad y al descontento de un amplio sector de la población por el actual régimen.
Maduro afirmó en rueda de prensa desde el Palacio Miraflores que esta fue la mejor decisión que su antecesor, el fallecido comandante Hugo Chávez, había dejado hasta ahora.
El también excanciller venezolano acusa a la CIDH de servir a Estados Unidos pues, dice, “está capturada y sirve al imperio para torpedear a Venezuela y a los gobiernos progresistas”.
“La Comisión y la Corte lamentablemente se degeneraron. Se creen un poder supranacional, se creen un poder por encima de gobiernos legítimos del continente”, alegó.
La CIDH, con sede en Washington D. C., es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de promover los derechos humanos en el continente y lo componen siete miembros independientes.
Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH), según se lee en su página de Internet.
Voces a favor
Allegados al gobierno venezolano, partidarios del chavismo y al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) apoyan el retiro de la CIDH ya que, de acuerdo a un tuit publicado en la cuenta del propio partido, ratifica que Venezuela “es un país soberano”.
El canciller Elías Jaua anunció que el país no regresará hasta que no se produzca una transformación integral del SIDH.
Jaua publicó la postura al finalizar una reunión extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina (ALBA).
“La mayor garantía para los derechos humanos del pueblo venezolano es la Revolución Bolivariana”, indicó el canciller en una conferencia de prensa difundida por la televisora estatal.
Elías Jaua, tercero en importancia para el chavismo junto con Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, afirmó que quienes deben ratificar su postura son las otras instituciones, ya que necesitan “colocarse al servicio de los derechos humanos de los pueblos y no de los intereses de poderosos de América Latina”.
La otra cara de la moneda
La oposición y diversas instancias internacionales mostraron su descontento con la decisión del gobierno venezolano.
Ramón Guillermo Acevedo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) –el principal bastión de la oposición en Venezuela–, denunció que se está poniendo en peligro la posición de la nación frente a la Organización de las Naciones Unidas y otros entes supranacionales.
Por su parte, Amnistía Internacional dio a conocer a través de un comunicado su postura sobre la denuncia realizada por parte de la administración de Maduro.
Guadalupe Marengo, directora adjunta del programa América de Amnistía Internacional, aseguró que la decisión del Estado venezolano “es una ofensa a las víctimas de violaciones de derechos humanos y pone en riesgo generaciones futuras”.
“Va en contra de la propia Constitución venezolana que garantiza el acceso a órganos internacionales para solicitar amparos”, agregó.
Human Rights Watch (HRW), otro importante organismo de protección a los derechos humanos a nivel internacional, envió una carta a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner –aliada cercana al gobierno de Maduro–, en la que denunció la falta de una instancia como la CIDH para los ciudadanos y residentes de Venezuela, que ha sido el mecanismo externo más importante para reclamar la reparación de abusos.
“Esto resulta particularmente problemático en un país como Venezuela, donde existe falta de independencia judicial, y el Tribunal Supremo de Justicia ha convalidado en reiteradas oportunidades diversas políticas gubernamentales que atentan contra derechos fundamentales”, afirmó José Manuel Vivanco, director de la División de las Américas en HRW.
Rafael Veloz, presidente de Gremios de Voluntad Popular –plataforma que protege los derechos de trabajadores de oficios técnicos como mecánicos y carpinteros– argumentó que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene respeto por la vida y mucho menos por los derechos venezolanos.
Veloz denunció que lo hecho por el Gobierno Nacional “pone al país en la misma situación de mandatos dictatoriales como el de (Alberto) Fujimori en Perú, el de (Augusto) Pinochet en Chile, o de (Jorge) Videla en Argentina”.
Finalmente, Naciones Unidas, por medio de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, se mostró preocupada por el abandono de Venezuela, ya que considera puede “tener un impacto negativo en la situación de los derechos fundamentales”.
Casos con la CIDH
> La respuesta del rival
Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado de Miranda y excandidato a la presidencia en dos ocasiones, consignó ante la OEA y ante la CIDH la petición de impugnación de las pasadas elecciones del 14 de abril.
Aseguró que a pesar de que las violaciones que se desataron a raíz de la decisión de la denuncia, estas no podrán ser objeto de la CIDH por lo que Venezuela deberá responder a los casos que hayan sido presentados previamente.
> 16 indígenas ignorados
En 2012, la Comisión expresó su preocupación por una querella que había llegado a su poder con respecto a una masacre que se dio en la Comunidad de Irotatheri, en el estado Amazonas.
La denuncia se refirió al caso de unos mineros ilegales brasileños que atacaron a una shabono (vivienda comunitaria) en la que fallecieron 16 indígenas.
La CIDH recordó al gobierno venezolano el compromiso asumido que “consta en el Informe de Solución Amistosa aprobado por la CIDH el 20 de marzo de 2012, en el cual, Venezuela se comprometió a promover el establecimiento de un ‘Plan de Vigilancia y Control Conjunto y Permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el área Yanomami’”.
