Rick Perry, gobernador republicano de Texas, decidió entrarle con todo al juego político que, él argumenta, busca desprestigiarlo.
Perry, quien ha prometido luchar en contra de los cargos que se le han imputado tras realizar una amenaza de veto al financiamiento de una contraloría estatal, se entregó ayer a la Corte del Condado de Travis para que se le tomen sus huellas dactilares y su fotografía de fichaje. El viernes se llevará a cabo su juicio.
Coerción y abuso
El político está acusado de coerción y de abuso de poder por prometer vetar la entrega de 7.5 millones de dólares a la contraloría estatal, operada por la fiscalía de distrito del condado Travis.
Perry amenazó con vetar el financiamiento si la fiscal de distrito Rosemary Lehmberg no renunciaba después de que fue declarada culpable de conducir ebria.
“Voy a entrar a esta corte con la cabeza en alto, sabiendo que las acciones que tomé no solo son legales, sino también correctas”, declaró justo antes de ingresar al recinto.
El gobernador y potencial candidato presidencial en 2016 contrató a un equipo de prestigiosos abogados y desplegó toda su maquinaría política en su defensa, la cual, según la revista TIME, se ha convertido en un punto de convergencia para los republicanos en Estados Unidos.
(Con información de AP)
