Tic tac… a un paso de la cárcel

Nadie quisiera estar hoy en los zapatos del presidente de Guatemala. Los malos manejos y la corrupción al interior de su gobierno han sido evidenciados por una comisión independiente.

En medio de la crisis, las protestas de los guatemaltecos y las acusaciones en su contra por corrupción, Pérez Molina tuvo que presentar anoche su renuncia a su cargo de presidente.

“Con la convicción de hacer lo correcto, me dirijo a usted y al honorable Congreso de la República para presentar mi renuncia al cargo de Presidente de la República de Guatemala”, comunicó Pérez Molina.

Contrario a sus deseos, Pérez Molina enfrentará como exPresidente los cargo de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.

Aunque sigue negando los cargos en su contra, el repudio y la presión social generalizadas ante su supuesta relación con la red de corrupción “La Línea” han sido demasiado fuertes y su permanencia en la presidencia se hizo insostenible.

En sesión extraordinaria Congreso hará efectiva la separación de Pérez Molina en el transcurso del día de hoy.

Los resultados de la investigación y la presión de un pueblo cansado de años de impunidad han sido suficientes para que el futuro político de Otto Pérez Molina esté herido de muerte.  

El Congreso de Guatemala retiró el martes la inmunidad al todavía presidente y horas después se giró una orden de arraigo en su contra para evitar una posible huída. 

Los abogados del mandatario ya han salido en su defensa y alegan que todo es un circo que busca desprestigiar su gobierno y confirmaron que Pérez Molina está dispuesto a enfrentar el proceso penal desde la silla presidencial.

Pero su reputación, por más que la defiendan, ya está mancillada. La detención de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien según rumores sostenía una relación íntima con el presidente, así como la de Juan de Dios Rodríguez, su exsecretario privado, vulneran gravemente su credibilidad.

La fuga de Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario de Baldetti y desaparecido desde que las acusaciones se hicieron públicas, es también un lastre para el prestigio del mandatario guatemalteco. 

No hay vuelta atrás. 

Aunque la falta de inmunidad no convierte en culpable automático al presidente ni tampoco lo obligue a renunciar, su gobierno no se repondrá de este revés.

Elecciones inminentes

El proceso penal contra Pérez Molina todavía no empieza y sus abogados ya han interpuesto recursos legales para ganar más tiempo y preparar su defensa. 

Tiempo que le sirve además, para asegurar que la jornada electoral del próximo domingo 6 de septiembre se lleve a cabo. 

Las esperanzas del mandatario guatemalteco están puestas en el ultra conservador Manuel Baldizón, su posible sucesor, aliado y, hasta hace poco, gran favorito en las encuestas. 

Con Baldizón en el gobierno, el actual presidente no espera recuperar su legitimidad, pero sí protección para evitar pisar la cárcel.

Casos similares han ocurrido en América Latina y no hay bases para suponer que, a pesar del escándalo, con ayuda en las altas esferas, las acusaciones en su contra se pueden desestimar.

Pero la popularidad de Baldizón ha sido también afectada por el efecto negativo de La Línea. Su lema de campaña “Te toca Guatemala” ha sido rápidamente transformado en un “No te toca Baldizón”. 

Si las elecciones pactadas para el domingo no se posponen, Baldizón entrará a la contienda con altas posibilidades, pero nadie le asegura nada. 

¿Efecto dominó?

Muchos han comentado el efecto que los resultados de la investigación independiente han provocado en Honduras. 

En las calles de Tegucigalpa ya se pide a gritos establecer una comisión para el combate a la impunidad avalada por la ONU.

¿Pero será suficiente el escándalo de la Línea para poner a temblar a otros líderes de la región?

La historia reciente de América Latina presenta muy pocos ejemplos en donde un mandatario acusado de corrupción termina en la cárcel. Hay también muy poca evidencia para asegurar que, incluso con Pérez Molina en prisión, la corrupción y la impunidad se terminarían en Guatemala. 

Esto es solamente un indicio y un argumento para defender el intervencionismo de una comisión internacional, en países donde parecieran indispensables para penetrar redes de corrupción añejas y sofisticadas.

¿Qué es y cómo funciona la CICIG?

Las Naciones Unidas y Guatemala firmaron un   acuerdo para formar una comisión internacional contra la impunidad (CICIG) en el año 2006. El acuerdo fue ratificado en 2007 por el Congreso. 

Su objetivo es apoyar a la Policía, al Ministerio Público y  a otras instituciones en la investigación de delitos cometidos por grupos clandestinos de seguridad que afecten a los derechos humanos. 

La CICIG debe identificar las estructuras y actividades de los grupos ilegales y sus vínculos con funcionarios del Estado. 

La CICIG está facultada para hacer denuncias administrativas contra funcionarios públicos y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos legales contra funcionarios implicados. 

La Comisión debe colaborar con el Estado para desmantelar a grupos ilegales y promover la investigación de sus integrantes. 

Finalmente la Comisión deberá emitir recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas que erradiquen este problema. 

2015: espiral de escándalos

> 6 de abril
La CICG y el MP de Guatemala arrestan a sospechosos de pertenecer a “La Línea”, incluyendo mandos bajos y altos. Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de Roxana Baldetti, y presunto líder de la red, no es localizado y sigue prófugo

> 25 de abril
Treinta mil personas se manifiestan contra el gobierno de Pérez Molina y exigen la salida de la vicepresidenta Baldetti

> 8 de junio
Baldetti deja su cargo  

> 20 de mayo
El MP y la CICIG arrestan a Juan de Dios Rodríguez, director del Seguro Social y exsecretario privado del presidente, al descubrir una red de corrupción en esa institución

> 20 de mayo
Pérez Molina es denunciado ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y se pide el retiro de su inmunidad

> 10 de junio
El Congreso recibe el caso para decidir sobre la inmunidad del presidente

> 21 de agosto
La CICIG acusa al presidente y a la vicepresidenta de ser los dirigentes de “La Línea”. Baldetti es arrestada y se solicita un antejuicio para el retiro de inmunidad

> 27 de agosto
Un paro nacional y un plantón de 30 mil personas exige la renuncia del presidente guatemalteco

> 29 de agosto
Una comisión de 5 legisladores concluye que las evidencias en contra de Pérez Molina justifican el retiro de la inmunidad

> 31 de agosto
Ante los medios, el presidente se dice inocente y reitera que permanecerá en su cargo

> 1 de septiembre
El Congreso de Guatemala retira la inmunidad a Pérez Molina para ser investigado por nexos con “La Línea” y un juez ordena su arraigo

Lista de expresidentes en América Latina que han sido procesados

Alberto Fujimori 
Presidente de Perú (1990-2000) 

Primer exmandatario condenado por violaciones a los derechos humanos (2009). En ese año ya cumplía una pena de 6 años por allanamiento de morada en una cárcel de mínima seguridad. 

Salvador Jorge Blanco
Presidente de República Dominicana (1982-1986)

Condenado a 20 años de cárcel por enriquecimiento ilícito en 1987. Tiempo después se le declaró no culpable.

Luis García Meza
Presidente de Bolivia (1980 – 1981)

El exdictador boliviano fue condenado en ausencia a 200 años de prisión y después extraditado. 

Está en la cárcel desde 1995.

Rafael Videla
Presidente de Argentina (1978- 1981) 

El exmilitar enfrenta un proceso penal actualmente y está encarcelado en un cuartel cerca de Buenos Aires. 

Fernando Collor de Mello 
Presidente de Brasil  (1990-1992)

Renunció a la presidencia al ser acusado de corrupción. La Suprema Corte lo absolvió por falta de pruebas en 1994. 

Manuel Antonio Noriega
Presidente de Panamá (1983-1989)

Destaca por haber sido juzgado en tres países por narcotráfico: EUA, Francia y Panamá. Cumplió 20 años de cárcel en EUA y ahora es reclamado por Francia y Panamá. 

Augusto Pinochet 
Presidente de Chile (1973 -1990)

El exdictador chileno murió con jucios abiertos por fraude, enriquecimiento ilícito y uso de documentos falsos. También fue acusado de desapariciones forzadas y crímenes de guerra. Fue procesado pero murió en 2006 sin recibir una condena formal.