"Era claro que el aumento de seis a ocho horas en la jornada laboral de los médicos no era suficiente para cambiar el malogrado sistema de salud boliviano.”
Evo Morales se encuentra en uno de los momentos de popularidad más bajos al alcanzar el ecuador de su segundo mandato.
Esto es importante porque el polémico presidente boliviano fue elegido por su partido (Movimiento al Socialismo) como candidato para las elecciones del 2014.
Por el momento no cuenta con una oposición fuerte y hay quien señala que los que han protagonizado las protestas en los últimos meses sólo quieren reformas y no un cambio estructural.
Sin embargo, para algunos analistas y periodistas esta tendencia podría revertirse a causa de las diversas movilizaciones a las que hoy se enfrenta.
Esto podría detener el denominado “proceso de cambio”, término que usó Morales para definir la etapa que comenzaba con su llegada al poder.
A este proceso se atribuye como principal logro la disminución de la pobreza desde 2005 a 2010 de un 60.6 por ciento a un 49.6 por ciento, según datos del Informe de Desarrollo Humano en Bolivia de 2010 del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
Además, también según este reporte, se disminuyó la brecha entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre.
Las protestas más importantes reunían a médicos y otros trabajadores de la salud pública, a estudiantes de medicina de la Universidad boliviana y al mayor sindicato de trabajadores del país, la Central Obrera Boliviana (COB).
A pesar de que se han dado acercamientos con los representantes de los inconformes, estos sectores siguieron con las protestas y aún no dan el asunto por zanjado, a la espera de que lo consideren las bases y se suscriban los documentos que suspenderían las huelgas definitivamente.
Pero, ¿quién está protestando en contra de Morales y por qué podría ser un riesgo para su popularidad?
Demandas de los médicos y los profesionales de la salud
El miércoles 1 de febrero los médicos del sistema público de salud inician una huelga de 24 horas por la decisión del Gobierno de aumentar la jornada laboral de 6 a 8 horas sin aumentarles el salario y sin incluirles en la Ley General del Trabajo.
El 28 de marzo se inician los paros en este sector. Tras una huelga de una semana, deciden reiniciar el paro indefinido el 10 de abril por considerar que el Gobierno se había burlado.
El día 11 algunos médicos incluso inician una huelga de hambre. Sin embargo, algunos analistas de la situación de Bolivia, como Pablo Stefanoni, autor de Debatir Bolivia y residente en La Paz, lo consideraron una estrategia mediática. En total, fueron 4 mil los que al menos an apariencia llegaron a optar por esta herramienta reivindicativa.
Los universitarios de medicina se unen y protestan porque dicen que no pueden hacer prácticas para ejercer como médicos y la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato de los trabajadores, termina por sumarse también a estas reivindicaciones.
No obstante, según puede leerse en algunos medios, una parte de la población está en contra de estas protestas porque la jornada que se les exige es la que tiene todo el mundo.
La demanda inicial de la sociedad no era otra que mejorar el sistema de salud boliviano.
Sin embargo, la medida de Morales de aumentar la jornada para tratar de satisfacer esa demanda dio lugar a un caos en el sector médico.
Además, según explican algunos conocedores de la situación del sistema sanitario, más allá de las discusiones por el aumento de la jornada, el sistema de salud necesita mucha inversión para mejorar y el aumento de horas de trabajo (medida por ahora suspendida) no iba a paliar esas carencias.
Otra razón por la que también fueron controversiales estas protestas es porque algunos han acusado a los médicos de tener la intención de querer privatizar, a largo plazo, la sanidad.
Acampada de víctimas de la dictadura
A mediados de marzo las víctimas de los periodos dictatoriales de 1964 a 1982, personas torturadas o familiares de desaparecidos, inician una acampada frente al Ministerio de Justicia y bloqueos para reclamar indemnizaciones y reconocimiento por lo padecido en ese periodo.
El 21 de marzo se disuelve policialmente, en la madrugada, pero vuelven.
En concreto, exigen el cumplimiento de la Ley 2640, promulgada en 2004, por la que se debe pagar una indemnización a las víctimas de las dictaduras.
En 2006, se informó de que la falta de presentación de requisitos legales impediría el acceso a la retribución a más del 95 por ciento de las víctimas.
Finalmente, este año, el director de Comunicación del Ministerio de Justicia, Julio Peñaloza, declaró, según recoge el diario Los Tiempos en el número del 19 de marzo, que “la demanda que involucra a 1.700 personas calificadas suma 17 millones de dólares, ‘dinero que no está presupuestado y no está contemplado en la Ley Financial de este año. El Gobierno ha dispuesto el 20 por ciento del pago, porque según la propia Ley del gobierno de Carlos Mesa dice que el restante 80 por ciento se debe financiar a través de la cooperación internacional, cosa que nos ha puesto en dificultades.’ ”
Transportistas
El 19 de abril decenas de chóferes afiliados a la Central Única de Transporte Urbano de La Paz bloquean el centro de la ciudad para protestar contra una ley municipal que tiene como objetivo reordenar el tráfico.
El 10 de mayo los chóferes retoman los bloqueos y los colapsos como protesta contra la ley de tráfico urbano para La Paz. Esta ley busca mejorar el transporte público con un sistema de transporte masivo de autobuses pero los conductores vieron amenazado su trabajo.
Protestas Central Obrera Boliviana y contramarchas de cocaleros
La Central Obrera Boliviana (COB), que concluía el 25 de abril un paro de 48 horas a la que se sumaron los médicos y que en ese mismo mes había organizado una marcha de mineros y maestros públicos, llamó a una nueva huelga desde el miércoles 9 al viernes 11. La respaldaban unas 30 organizaciones laborales con tres objetivos: exigir un aumento mayor del salario mínimo, apoyar a los médicos y a los trabajadores sanitarios y respaldar a la novena marcha indígena por el TIPNIS.
La COB reclama, principalmente, una subida del salario mínimo. Morales propuso una del 8 por ciento, lo que implicaría un aumento del 127.2 por ciento con respecto al 2005. Esto significaría incrementarlo hasta los 978,4 Bs (unos 14O dólares aproximadamente), pues ahora está en unos 815 Bs (unos 117 dólares aproximadamente). Sin embargo, la COB rechaza este incremento porque le parece insuficiente y reivindica aumentarlo hasta los 8 mil 300 Bs (unos mil 184 dólares aproximadamente).
Esto generó controversia porque si bien Bolivia registra el salario mínimo más bajo de la región de países que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN), para algunos, la petición de 8 mil 300 Bs es desmedida e irracional.
Contramarchas de cocaleros
En medio de la última huelga de la COB, el 9 de mayo 28 organizaciones sociales de Cochabamba, cocaleros y movimientos sociales afines al gobierno, exigieron que en 48 horas médicos y trabajadores se reincorporasen al trabajo y se declararon en “movilización permanente en defensa de la democracia” frente a lo que consideran nuevos ataques de la derecha.
Novena marcha Tipnis
Esta marcha se inició el 27 de abril para protestar en contra de una consulta sobre si se construye o no una carretera que unirá La Paz con el Norte del país y que atraviesa una reserva natural, el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).La marcha partió de Beni hacia La Paz, un recorrido de 390 km.
El año pasado también hubo una de 65 días por el mismo recorrido con fuerte represión policial, lo que provocó que más gente se sumase y que Morales, finalmente, cancelase el proyecto y declarase el parque como patrimonio intangible mediante la Ley 180.
Sin embargo, surgió otra marcha que pedía una consulta a todos los pueblos del TIPNIS, a lo que Morales accedió. Es para abolir esa consulta por lo que se inicia la novena marcha.
La de este año la respaldan 24 organizaciones pero la encabeza la CIDOB (Confederación de pueblos indígenas de Bolivia), cuya organización se enfrenta a una crisis interna, por lo que no cuenta con el apoyo de todos sus miembros por firmar acuerdos con sectores de la derecha –según sus detractores- y porque el gobierno firmó, paralelamente, acuerdos con algunos indígenas que, en consecuencia, tampoco la apoyarán.
Para algunos, los desarrollistas, la carretera es necesaria para la mejora de las condiciones de vida de los autóctonos, que está por encima de la defensa de la “madre tierra”. Para otros, los denominados ambientalistas, es un atentado a las minorías a las que el gobierno dijo que protegería. Y, para un tercer grupo, el no someterlo a la consulta es un ataque a la autonomía de estas comunidades.
Los indígenas tampoco forman ya una unidad.
El panorama está repleto de grises y claroscuros. Para algunos, Morales está perdiendo el apoyo de los que le ayudaron a llegar al poder.
Para otros, aunque él proviene de un sindicato de cocaleros, ahora está reprimiendo a organizaciones y movimientos que utilizan los métodos reivindicativos que él usaba.
Para el Gobierno y los cocaleros, que parecen continuar brindándole un apoyo excepcional, se trata de una conspiración de la derecha y otras fuerzas liberales que no están de acuerdo con la estrategia de Morales de nacionalizar puntos estratégicos.
Según sus defensores, son estas nacionalizaciones las que han permitido al Estado aumentar sus ingresos y, con ello, la inversión en gasto social y la redistribución de la renta.
Por último, están los que siguen apoyándole pero no quieren que se niegue a escuchar las demandas de la calle.
Sea como sea, Morales tendrá que encontrar la forma de restablecer la armonía y el diálogo si quiere seguir con su “proceso de cambio”.
Pero con tantos intereses contrapuestos de por medio y tantos puntos de vista enfrentados, parece que no será fácil.
Por el momento, no se conoce ningún opositor fuerte y las protestas parecen agrupar a una oposición muy heterogénea y poco estructurada.
Según Lara Urgarte, la oposición agrupa desde intelectuales y disidentes de las clases medias campesinas e indígenas militantes del MAS, a funcionarios que o bien se han convertido en independientes o bien han derivado hacia posturas liberales, socialdemócratas o trotkistas.
