Filipinas podría enfrentar otra crisis de derechos humanos después de que el presidente Rodrigo Duterte ordenara a policías y militares disparar a matar a los ciudadanos que no respeten las medidas de aislamiento para evitar los contagios de coronavirus (Covid-19)
Los señalamientos del presidente se presentaron después de que un grupo de 20 habitantes del Barrio de San Roque, uno de los más pobres de Manila, la capital del país, exigiera ayuda para enfrentar la crisis sanitaria.
Al respecto, Rupert Colville, vocero de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que esperan que las amenazas de Duterte sean retórica y no se cumplan. Añadió que dará seguimiento a los hechos que ocurran en el país asiático, en caso de que se presenten situaciones de abuso, las cuales condenarían.
Las declaraciones del presidente Duterte violan el derecho fundamental a la vida y ubican en situación de riesgo a la población más pobre del país, quienes tienen que salir de sus casas en busca de alimentos para sobrevivir el aislamiento.
“Va a ser importante el clamor internacional para que esto no sea un precedente para la suspensión de garantías no focalizadas en otros países. Es absurdo que ante la protección de la salud se quiera privar de la vida a las personas”, dijo Perla Gómez Gallardo, ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en entrevista con Reporte Índigo.
Las declaraciones del presidente violan el derecho a la vida y ubican en situación de riesgo a la población más pobre del país, quienes tienen que salir en busca de alimentos
La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Campus Cuajimalpa calificó la declaración del presidente como grave porque es una respuesta a la exigencia social de acceso a alimentos, y usa la pandemia para emprender esquemas fuera de los derechos básicos.
Enfrentar la pandemia en Filipinas
Duterte decretó estado de emergencia por la pandemia por seis meses, a partir del 17 de marzo. Con el decreto, en línea con lo que ocurre en otros países, las actividades no esenciales pararon y únicamente se mantienen operando hospitales, farmacias y establecimientos que proveen alimentos.
Las labores del sector público y privado también fueron suspendidas por la crisis sanitaria, por lo cual, el gobierno filipino pidió a la ciudadanía mantenerse en casa, además de implementar un toque de queda de las 20:00 a las 5:00 horas del día siguiente.
Durante el aislamiento, también se suspendió el transporte y traslado de pasajeros, además de elevar el número de elementos de la policía y el ejército en las calles para garantizar que estas acciones se cumplan en su totalidad.
En tanto, la población más vulnerable pide apoyos económicos y que se garantice su acceso a derechos básicos, como alimentos, para sobrevivir durante la contingencia, sin obtener otra respuesta que las amenazas.
En este sentido, el Congreso del país otorgó al presidente poderes especiales para enfrentar la emergencia de Covid-19, lo que incluye una provisión de alrededor de cuatro mil millones de dólares que deberían repartirse en los hogares con mayor nivel de vulnerabilidad. Sin embargo, los apoyos económicos a las familias más desfavorecidas están congelados porque el gobierno no cuenta con un padrón confiable para hacer la dispersión de los recursos.
La realidad económica es dura. Si bien, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Filipinas es alto, dado que ronda el 6.9 por ciento anual, el 6.6 por ciento de la población ocupada tiene un salario que se ubica por debajo de 1.90 dólares al día, de acuerdo con datos del Banco Asiático de Desarrollo.
El caso más extremo se registra en la isla de Mindanao, en donde siete de cada diez familias vive por debajo del umbral de pobreza, pese a que es una zona con altos niveles de recursos minerales y agrícolas, declara Oxfam.
A esta situación se suma que la estructura de gobierno es muy frágil y contribuye a que la pobreza prevalezca, mientras se registran altos índices de migración, lo que abona a que las transferencias de divisas sean uno de los pilares de la economía filipina.
“Quien realmente va a incumplir las disposiciones de la cuarentena van a ser los ciudadanos de los barrios más pobres de Filipinas, porque van a necesitar buscar lo esencial, es decir, la comida que les va a permitir mantener el derecho a la vida que el Estado no garantiza”, comenta Alma Cossette Guadarrama, especialista en derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
Derechos vs Narcotráfico
Rodrigo Duterte, abogado de formación, llegó a la presidencia de Filipinas en 2016 y ocupará el cargo hasta 2022. Desde entonces emprendió una cruzada sangrienta contra el narcotráfico, en la que diversos grupos defensores de los derechos humanos acusan ejecuciones extrajudiciales, operaciones ilegales y abuso del poder de los cuerpos policiacos.
Amnistía Internacional solicitó una investigación por las denuncias de abusos sistemáticos cometidos con impunidad durante esta cruzada contra las drogas, la que consideran, afecta a los ciudadanos más pobres del país. La ONU anunció que vigilia las acciones emprendidas por Duterte.
El presidente filipino, en tanto, amaga con abandonar el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional, lo cual podría ocurrir si se recrudece el uso de la fuerza pública durante la pandemia.
Para Areli Soberanes, especialista en derechos humanos, la política del Duterte debería prender alarmas de todos los organismos internacionales, ya que de ejecutarse sería una de las violaciones a más brutales de los últimos tiempos.
“Pone en entredicho todo el Sistema de Derechos Humanos y el sistema de Naciones Unidas, pues deja entrever que una emergencia a nivel mundial como la que estamos viviendo se usa como excusa para que algunos Estados implementen, casi con la mano en la cintura, políticas violatorias a derechos humanos con el silencio cómplice de la comunidad internacional”, comenta.
