La desaparición del músico y poeta Abdurehim Heyit destapó una realidad que se vive en el noreste de China: el gobierno del país asiático interna a musulmanes uigures en campos de reeducación con la intención de erradicar el terrorismo. No obstante, las autoridades no realizan juicios previos a las detenciones y torturan a los internos.
Los uigures constituyen el principal grupo étnico de Xinjiang, una región al noreste de China fronteriza con Kazajistán y Afganistán. La zona está bajo vigilancia policial por los atentados atribuidos por el gobierno chino a los separatistas o islamistas uigures.
Un millón de personas que pertenecen a esta etnia están detenidos en centros de reeducación política, de acuerdo con Naciones Unidas, organizaciones de defensa de los derechos humanos y el gobierno turco.
Los lugares denominados campos de reeducación regresaron a la discusión pública el domingo pasado después de que Turquía asumió como parte de su política exterior la defensa de esta minoría de origen túrquico.
El gobierno turco afirma disponer de informes que hablan de muertos dentro de esas instalaciones, incluidos suicidios de personas que no pudieron soportar el maltrato.
Las autoridades del país euroasiático contabilizan más de un millón de uigures bajo arresto arbitrario que fueron sometidos a tortura en campos de internamiento y prisiones. En los últimos años, Turquía acogió a ciudadanos uigures por dicha persecución política.
Con el comunicado, Aksoy también informó sobre el paradero del poeta uigur Heyit. El portavoz confirmó la muerte del Rey del Duttar en uno de los campos chinos.
En respuesta al pronunciamiento del gobierno turco, China Radio Internacional difundió el domingo pasado el video de 26 segundos en el que un hombre que dice ser Heyit aparece vivo.
“Hoy es 10 de febrero de 2019. Me están investigando por posible violación de las leyes nacionales. Nadie me ha coaccionado. Estoy bien de salud”, dijo el representante de la cultura uigur.
Por su parte, el Ministerio chino de Exteriores rechazó las acusaciones de Turquía respecto a la región de Xinjiang, donde supuestamente un millón de musulmanes uigures se encuentran en campos de internamiento y aseguró que en el país asiático se respeta la libertad religiosa.
Solicitan investigación
Días antes del intercambio entre China y Turquía, dieciséis organizaciones no gubernamentales pidieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ordene una investigación sobre la supuesta detención de un millón de chinos musulmanes de la minoría uigur en Xinjiang.
La solicitud, presentada en una rueda de prensa en Ginebra el 4 de febrero, está firmada por organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Defensores Chinos de los Derechos Humanos, PEN America y el Congreso Mundial Uigur.
El secretario general de Amnistía Internacional Kumi Naidoo dijo que Xinjiang se ha convertido en una prisión a cielo abierto, donde una décima parte de la población musulmana de la zona es sometida a asimilación cultural forzada y arrestos arbitrarios.
El gobierno chino, que durante años ignoró las noticias y las condenas de organizaciones sobre los campos de reeducación en Xinjiang, finalmente reconoció su existencia en 2018 aunque los denominó “centros vocacionales”.
El régimen comunista justifica esos lugares y otras acciones contra los uigures y otras minorías étnicas musulmanas como parte del combate al extremismo y el terrorismo.
En el informe China: Where are they? Time for answers about mass detentions in Xinjiang Uighur Autonomous Region, Amnistía Internacional describe lo que sucede en los campos de reeducación chinos.
La organización internacional entrevistó a más de 100 personas fuera de China cuyos familiares que vivían en Xinjiang están desaparecidos, así como a individuos que fueron torturados cuando se encontraban recluidos en campos de detención en la misma región.
El internamiento de grupos étnicos, en su mayoría musulmanes, en Xinjiang se intensificó desde marzo de 2017, cuando se aprobó la Normativa Antirradicalización en dicha región.
Las muestras públicas o privadas de afiliación religiosa y cultural, como llevar una barba extraña, cubrirse la cabeza con un velo o un pañuelo, orar frecuentemente, ayunar, evitar el alcohol o tener libros o artículos sobre el islam o la cultura uigur pueden considerarse conductas radicales, de acuerdo con esta norma.
Otros motivos importantes de sospecha son viajar al extranjero por trabajo o estudios, en especial a países de mayoría musulmana, o estar en contacto con personas fuera de China.
Las personas recluidas en los campos de detención no son sometidas a juicio ni tienen acceso a asistencia letrada o derecho a impugnar la decisión, de acuerdo con Amnistía Internacional. Pueden permanecer detenidas durante meses, ya que son las autoridades quienes deciden cuándo la persona se ha “transformado”.
Según el informe de la organización internacional, a Kairat Samarkan lo enviaron a un campo de detención en octubre de 2017 tras regresar a Xinjiang después de una visita breve al vecino Kazajistán. La policía le dijo que estaba detenido porque se lo acusaba de tener doble nacionalidad y de haber traicionado a su país. Quedó en libertad en febrero de 2018.
Kairat dijo a Amnistía Internacional que, cuando lo detuvieron, lo encapucharon, le pusieron grilletes en los brazos y las piernas y lo obligaron a permanecer de pie en una posición fija durante 12 horas.
De acuerdo con la declaración del hombre detenido, había cerca de 6 mil personas recluidas en el mismo campo, donde se las obligaba a cantar canciones políticas y a estudiar los discursos del Partido Comunista Chino. Kairat contó a Amnistía Internacional que el trato recibido lo llevó a intentar suicidarse justo antes de ser puesto en libertad.
Quienes se resisten o no demuestran que han cambiado lo suficiente se enfrentan, según informes de Amnistía Internacional, a castigos que van desde los insultos a la privación de alimentos, la reclusión en régimen de aislamiento, las palizas y el uso de instrumentos de coerción y posturas de tensión.
Ante esta situación, las dieciséis organizaciones piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que apruebe una resolución contra China en la que se ordene una investigación externa de sus prácticas contra los uigures. Las asociaciones solicitan que el pronunciamiento se realice en la sesión plenaria del 25 de febrero al 22 de marzo en Ginebra.
La eliminación de los centros de reeducación también implica que los uigures que viven en el extranjero puedan regresar a sus hogares.