Las favelas brasileñas representan focos de inseguridad, marginación, violencia y narcotráfico desde hace mucho tiempo.
Para combatirlas, en 2008 se implementó el proyecto de Unidades de Policía Pacificadora (UPP) que suponía ser infalible.
Sin embargo, este modelo brasileño de combate al narcotráfico ha vuelto a ser recientemente cuestionado.
Francho Barón, corresponsal del diario español El País, dio seguimiento al caso desde su inicio, que al día de hoy, logra identificar lados oscuros de este proceso de pacificación en Río de Janeiro.
Pese a tener resultados exitosos, persisten grandes críticas que ponen en tela de duda el éxito del mismo.
Entre los puntos más polémicos están el de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza por parte de las UPP, denuncias de agresiones de los vecinos, acusaciones sin fundamentar de personas ajenas a la delincuencia y una falta de legitimidad dentro de las favelas.
¿Qué son? ¿Cómo funcionan?
Las UPP son un híbrido entre policía y asistente social. Sus dos objetivos principales son recuperar territorios y rehacer el tejido social.
No se centran, por tanto, en la captura de los narcotraficantes. Y es que asumen que terminar con la droga es imposible, no así el recuperar la vida de las comunidades.
Para emprender este proceso, se disminuyó el dinero invertido en armas, pero se tuvo que incrementar considerablemente la cantidad destinada a la capacitación.
Por esto, los jóvenes que las conforman cuentan con formación encaminada a que asuman que están en una misión de servicio, que son una policía comunitaria y que tiene la obligación de respetar los derechos humanos.
Como primer paso al implantar una unidad es poner en marcha un operativo sorpresa, con el fin de capturar o arrinconar delincuentes.
Tras 30 ó 60 días para abatir los focos de resistencia, se procede a instalarse los destacamentos de las Unidades Policiales de Pacificación.
La característica principal de los miembros de estas unidades es estar más enfocados en el respeto de los derechos humanos que de tener fines bélicos.
A partir de este momento, comienza la reconstrucción del tejido social con diversas actividades. La casa del capo local es utilizada como centro comunitario donde se desarrollan obras sociales, actividades deportivas y culturales.
En simultáneo, se da seguimiento a traficantes y a sus nexos a través de la policía investigadora y los datos que se vayan obteniendo.
Las policías de las unidades pacificadoras son premiados con bonificaciones equivalentes a nueve veces su salario si obtienen resultados satisfactorios.
Al retomar el control de la comunidad, se regularizan los servicios que antes estaban en poder de los criminales tales como la televisión por cable, Internet, transporte público, el agua, gas o electricidad.
Logros
El mayor logro que algunos atribuyen a este modelo es el haber expulsado al crimen organizado de las favelas sin disparar una bala.
Según datos preliminares del Foro Brasileño de Seguridad Pública, cuando se habían tomado 25 favelas –de 45 que conformaban el objetivo meta en un principio- los homicidios en Río de Janeiro disminuyeron un 38 por ciento en 3 años.
Además, según la organización Disque-Denuncia, las denuncias ciudadanas de delitos se habían multiplicado por 4 en las favelas ocupadas.
Los logros cobran mayor relevancia si se tiene en cuenta el contexto de Brasil, sexto país más violento del mundo, con unos 50 mil homicidios por año, pero con un gasto nacional del 9 por ciento en seguridad
Antes, 2 de cada 10 asesinatos eran cometidos por policías. Ahora, desde la implementación de las UPP, la violencia se ha reducido en un 27 por ciento.
Críticas
Pero hasta de las buenas intenciones se desconfía, ya que existen algunos escépticos que dudan del proyecto.
Para algunos, se trató de una operación mediática de cara a la Copa del Mundo 2014 y a los Juegos Olímpicos 2016.
Para otros, el modelo encubría una operación de mercado, ya que al llevar unidades de regularización de servicios básicos como agua y luz, algunas personas al no poder pagarlos no tenían otra opción más que marcharse.
A partir de esto, hay una reconversión del poder que no se esperaba. El poder de la favela no pasa al Estado, sino a los policías.
No existe una lógica republicana ya que, a pesar de haber mayor control y menos índices de violencia, las tarifas, los precios y los impuestos suben porque los mercados entran detrás de la policía. Esto lo declaró Jailson da Sauza, director del Observatorio de las Favelas a la revista Proceso.
También algunos pensaban que se trataba de crear un cinturón de seguridad en las áreas con poder adquisitivo, en aquellas en las que se celebraban eventos o en las frecuentadas por turistas.
Muchos insisten en que es necesario dotar a las áreas de más recursos: viviendas decentes, salud, educación y urbanización.
Una gran crítica es la falta de profundidad con la que se combate al narcotráfico, pues las unidades solo desactivan a los traficantes y no a sus milicias.
Las milicias son todos aquellos habitantes a quienes los traficantes los dotaron con armas.
Las autoridades se desentienden de la venta de drogas, ya que no existen controles que impidan nuevos actos de corrupción.
A esto se le suma que los capos operan desde otras zonas y que las acciones de pacificación no son más que una obra electoral.
No obstante y a pesar de todas las críticas y fallas, el modelo ha logrado combatir la violencia sin llegar a los disparos o represiones violentas.
Se dejó de combatir fuego con fuego para atender lo más básico: atender a la descomposición del tejido social.
Benjamin Lessing, del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Berkeley declaró: “en México ocurre lo opuesto (a la pacificación de las favelas), pues el error del Estado es pensar que la única cosa que puede hacer es luchar contra todos los cárteles.
“Pero hay que gerenciar el mercado de drogas para que los narcotraficantes sean más hombres de negocio y menos hombres de guerra”. A pesar de las críticas, el modelo brasileño es una alternativa al combate a la violencia.