Una paz incierta

Antonio Navarro Wolff perdió su pierna en un atentado en mayo de 1985.

Ex guerrillero, ex alcalde, ex gobernador, ex constituyente y ex candidato presidencial es el récord que Navarro, a sus 64, años posee.

Para muchos en Colombia es un ejemplo de lo que el gobierno nacional quiere lograr con una reforma constitucional llamada genéricamente “Marco jurídico para la paz”.

Dicha enmienda plantea la posibilidad de suspender penas y renunciar a la persecución penal de la guerrilla.

Pero a pesar de que el oficialismo asegura que el “marco” no ampara a narcos ni a criminales comunes, la amnistía ha hecho que dos grupos escasamente afines se unan: la derecha y los defensores de los derechos humanos.

Activistas, políticos, analistas y el propio navarro expresaron a AP dudas de que ésta sea una herramienta eficaz para acabar con el conflicto armado.

Para unos, se abre una puerta a la impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Para otros representa los límites de una eventual negociación y para no pocos es un simple gesto del gobierno para presionar a los guerrilleros a sentarse a dialogar para terminar con una guerra no declarada de casi medio siglo.

“Tenemos una guerra obsoleta”, dice Navarro, único miembro sobreviviente de la cúpula del Movimiento 19 de Abril, guerrilla que dejó las armas y firmó la paz en marzo de 1990.

En pleno siglo 21, Colombia tiene el único conflicto armado vigente del hemisferio ya no puede aceptar mas muertos, heridos, desplazados, amputados por minas cada día, asegura Navarro.

Según indicó Ariel Ávila de un grupo dedicado al estudio del conflicto, de 1985 a 2005 se registraron al menos 617 mil personas asesinadas, 40 por ciento de ellas ó más de 240 mil directamente vinculadas al conflicto.

Mucho se sospechó de esta jugada del presidente Manuel Santos de que ya tenía contactos secretos con las guerrillas y les ofreció rebajas en las penas.

El predecesor de Santos, el ex presidente Álvaro Uribe y quien encabeza la derecha, fue el responsable de mermar buena parte de los combatientes y replegarlos a territorios selváticos.
Uribe no ha ahorrado críticas al marco de paz de Santos.

“Voces del gobierno y del Congreso engañan a la opinión ciudadana y también a las Fuerzas Armadas”, dijo Uribe en un acto el pasado 5 de julio.

“Dicen en público que “Timochenko” no será elegible, pero quisieron imponer la elegibilidad del delito de lesa humanidad”.

Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, de 53 años, es el máximo jefe de las FARC y miembro del secretariado, o cúpula de siete miembros de la guerrilla.

Santos y algunos de sus ministros han descartado que tengan contactos con la insurgencia, incluso de forma secreta.

En la mayoría de los procesos de paz del mundo primero se negocia entre los bandos y luego se hacen las leyes o disposiciones que los beneficien.

Entonces, ¿por qué el gobierno optó por este cambio primero antes de negociar?, se preguntó Navarro.

Él piensa que si los beneficios no amparan a los jefes de las guerrillas, la oferta será inocua porque ninguno de los dos grupos aceptará ver a sus jefes presos.

La norma “tiene una filosofía que es llevar a la guerrilla a la desmovilización y así la paz no funciona.

En un comunicado conocido el 22 de junio, las FARC dijeron que la reforma era “cínica”.

La experiencia del Salvador, que finalizó en 1982 la guerra, tras intensas negociaciones, beneficios jurídicos a la jefatura rebelde y a la fuerza pública.

Es decir, primero hubo diálogos y luego los acuerdos de paz y los beneficios legales.
Además hay escepticismo acerca de los efectos producidos por las amnistías.

No hubo castigo, por ejemplo, para los culpables de crímenes atroces como la matanza de 936 civiles perpetrada por la fuerza pública salvadoreña en 1981 en el poblado de El Mozote.

Santos en caso de negociar “tendrá un límite”, dijo  el senador oficialista Roy Barreras quien también es presidente del Congreso.

“No estamos entregándole un cheque en blanco ni al presidente y muchos menos a los grupos violentos”.

(Con información de AP)