Al ir más allá de su mera labor informativa, el periódico The New York Times exigió ayer al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, frenar las deportaciones, a las que calificó como “innecesarias”.
A través de un editorial titulado “Ni uno más”, firmado por el consejo editorial, el medio estadounidense expresó que las casi 2 millones de deportaciones realizadas durante la administración de Obama obedecen a cuestiones políticas, no de a seguridad pública.
El editorial responde al llamado que hizo el presidente Obama el jueves, cuando renovó su exhorto a los republicanos en el Congreso para discutir y aprobar una reforma migratoria bipartidista.
En el texto, el diario adjudica al mandatario gran parte de la responsabilidad de que la reforma de inmigración esté detenida.
“Mucha de la responsabilidad de arreglar lo que Obama llama el ‘sistema descompuesto de inmigración’ recae al interior de su propia administración”, reza el texto.
“Él no puede reescribir las leyes de inmigración, pero puede controlar qué tan bien o desastrosamente se ejecutan”.
Para The New York Times, el nombramiento de Jeb Johnson como candidato a encabezar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) es una oportunidad para reparar el daño hecho por su antecesora Janet Napolitano.
El periódico indicó que con la frenética tasa de 400 mil deportados al año, la administración de Obama está violando los derechos civiles de los trabajadores, además de separar familias.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), añadió, tiene poder para determinar a quién detiene y deporta, por lo que puede reformular sus políticas para hacer que los no criminales y aquellos con delitos menores tengan prioridad mínima para ser deportados.
“Obama debería redoblar los esfuerzos administrativos para proteger los derechos de los inmigrantes y los de los no ciudadanos”, subraya el editorial.
“El shutdown fue una falsa emergencia. La inmigración es una verdadera, al dañar vidas todos los días en todos los estados”.
En el último mes, las protestas ciudadanas que buscan apresurar la aprobación de una nueva ley migratoria se han arreciado en todo el territorio de Estados Unidos.
Tal es el caso de Tucson, Arizona, donde defensores de los derechos civiles han bloqueado el paso de autobuses que transportan personas detenidas en la operación “Streamline”, que se enfoca a perseguir trabajadores inmigrantes sin récord criminal.