Venezuela, a las armas

Mientras el discurso del presidente venezolano se radicaliza llamando a defender la revolución con las armas, surge un supuesto nuevo frente opositor conformado por militares y policías que ya mandó un claro mensaje y desafío contra el régimen.

En las calles, el pueblo venezolano sigue en pie de lucha pidiendo la caída de la dictadura, y los muertos, heridos y detenidos se siguen acumulando a cada día. La cuerda se sigue tensando y no hay un solo momento de tregua.

Todo ello a un mes de unas elecciones a la Asamblea Constituyente que podría dar a Nicolás Maduro aún más poderes, con los ojos del mundo puestos sobre Venezuela y una crisis social y política que parece no tener fin.

La escalada del conflicto entre el régimen y sus opositores pone en evidencia que es cada vez más complicado que pueda existir algún tipo de salida política.

Todo lo contrario, ambos bandos han reforzado su estrategia y envían mensajes de estar dispuestos a llegar a las últimas consecuencias.

La arenga de Nicolás Maduro declarando que podría llegar al combate para defender la revolución bolivariana y la advertencia de que lo que no pudo ganar con los votos lo haría con las armas fue tomada como una declaración de guerra por la oposición.

Maduro, además del radical mensaje, ha aprovechado la coyuntura para militarizar Caracas, la capital venezolana y sede de los poderes, con la justificación de proteger al gobierno, lo que presagia que habrá aún mayor represión.

Sospechan simulación

La tarde del pasado martes, la atención se centró sobre el helicóptero del  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que sobrevoló el centro de la capital y efectuó disparos y lanzó una granada que no explotó hacia el Tribunal Supremo de Caracas, lo que avivó las especulaciones del inicio de una revolución armada.

El helicóptero habría sido pilotado por el inspector Óscar Pérez; tras el ataque, comenzó a circular un video de Pérez donde se hace acompañar de otros policías encapuchados y armados.

En el video, Pérez afirma que forma parte de una coalición de militares, policías y civiles en contra del régimen de Maduro.

Las interrogantes y especulaciones en torno al ataque han ido aumentando en las últimas horas. Desde la versión oficial del gobierno, que habló de evidencia de un plan golpista y desestabilizador, hasta la sospecha de la oposición de que todo se trata de un montaje perpetrado desde el régimen.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades venezolanas aún no habían capturado ni al inspector Pérez ni a sus acompañantes, ni tampoco se conocía el número total de implicados, su identidad ni el origen del complot.

Uno de los hechos que hacen crecer las sospechas es que el helicóptero secuestrado pudo haber realizado el ataque en pleno corazón de la capital venezolana y después haya escapado sin dejar rastro.

Algunas versiones que han trascendido hablan de que el reto al régimen es legítimo, lo que sugiere que el ataque no fue improvisado y que este grupo disidente contaría con una fuerte base de apoyo entre las fuerzas de seguridad, que estarían divididas en su postura ante el gobierno de Maduro.

De forma casi simultánea tuvieron lugar sucesos no tan “espectaculares” pero que son fiel reflejo de la situación que vive el país sudamericano.

Durante más de 4 horas, parlamentarios, trabajadores y periodistas permanecieron sitiados en la Asamblea Nacional tras el ataque de un grupo de civiles armados que lanzó cohetes y otros objetos al interior del edificio, todo ante la inacción de la Guardia Nacional, encargada de resguardar el edificio.

Nuevo manotazo del régimen

Nicolás Maduro también dio un golpe a una de sus críticas más fervientes, la fiscal general Luisa Ortega Díaz.

El Tribunal Supremo de Venezuela dio a conocer una sentencia en donde atribuye a la Defensoría del Pueblo -cuyo titular es el chavista Tarek William Saab- facultades que son exclusivas del Ministerio Público, responsabilidad de Ortega Díaz.

La decisión ha sido calificada como un intento golpista más del régimen de Maduro para romper el orden constitucional, comparándolo con el intento golpista en contra de la Asamblea Nacional en marzo pasado y que desencadenó una nueva ola de protestas.

En un pronunciamiento el día de ayer, la fiscal general habló sobre el decreto del Tribunal Supremo y lo calificó como el inicio de un proceso de desmontaje progresivo del Ministerio Público que traerá consigue inseguridad jurídica al país.

Ortega Díaz fue más allá y aseguró que en Venezuela existe un terrorismo de Estado, donde se reprime brutalmente, se juzga a civiles en tribunales militares y no se está garantizando el debido proceso.

La fiscal ha sido una de las principales voces disidentes al régimen de Maduro en los últimos meses, denunciando primero la pérdida del orden constitucional por el intento golpista en contra de la Asamblea General y ha defendiendo la competencia exclusiva del Ministerio Público ante los juicios en Tribunales Militares a los opositores, además de desacreditar las elecciones a la Asamblea Constituyente calificándola de inconstitucional.

El régimen de Maduro ha intentado descalificar a Luisa Ortega Díaz tras su postura ante las acciones del gobierno, e incluso le ha abierto un juicio para separarla del cargo y ha pedido que se le prohiba su salida del país.

El reciente decreto del Tribunal Superior es el último golpe en contra de la fiscal.