Esta semana, los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela comenzarán a redactar la nueva Constitución del país que sustituirá a la promulgada por Hugo Chávez en 1999.
El presidente venezolano Nicolás Maduro sigue adelante con el proceso constituyente a pesar de las condenas de la oposición y el rechazo de la comunidad internacional, lo que incluso ya le ha acarreado nuevas sanciones económicas por parte de los Estados Unidos.
El pasado viernes, un día después de que la presidenta de la Asamblea, Delcy Rodríguez anunciara que los trabajos para la redacción de la Constitución están por arrancar, Donald Trump firmó una orden ejecutiva imponiendo nuevas sanciones financieras sobre el régimen de Maduro.
En las poco más de tres semanas que lleva trabajando la Asamblea Nacional Constituyente, los legisladores solo han tomado medidas de aplicación inmediata, como el golpe al Parlamento, de mayoría opositora, para asumir funciones en materia de seguridad, soberanía y economía, entre otros.
Además, la Asamblea determinó que todos los poderes públicos deben subordinarse a su mandato. Desde el Presidente, los magistrados del Tribunal Supremo, el fiscal general hasta los diputados de la Asamblea Nacional requieren la ratificación de la misma para continuar ejerciendo sus funciones.
Con sus recién otorgados poderes, los constituyentes, todos afines al chavismo (la oposición no participó en el proceso de conformación) destituyeron a la exfiscal general Luisa Ortega, que se había convertido en una de las principales críticas del régimen chavista.
Otras de las polémicas medidas que han instaurado los constituyentes han sido la aprobación de una ley para penalizar ‘delitos de odio’ (que incluye una regulación a las redes sociales), la creación de una Comisión de Economía para hacer cumplir los controles de los precios y una Comisión de la Verdad que juzgue los delitos de ‘violencia política’.
Ahora, la Asamblea encara el inicio de los trabajos para cumplir su objetivo primario, la redacción de la Carta Magna que, en teoría, regirá la vida de los venezolanos para los próximos años, un movimiento que los opositores y gran parte de la comunidad internacional han calificado como un intento golpista de Maduro para instaurar una dictadura totalitaria y perpetuarse en el poder.
Según lo ha informado Delcy Rodríguez, las sesiones de trabajo comenzarán este martes 29 de agosto, y los constituyentes trabajarán en un total de 21 comisiones, y aunque no ha quedado claro la metodología de las mismas, se ha adelantado que todos los asambleístas podrán participar en todas las comisiones.
El proceso estará marcado por el debate de los planteamientos propuestos por Nicolás Maduro, como el perfeccionamiento económico, la ampliación del sistema de justicia, la legislación de una nueva forma de participación democrática y la soberanía económica, política y financiera.
También se ha anunciado que la nueva Constitución será sometida a referéndum, un estéril intento de legitimación, ya que los opositores han puesto en duda la propia legalidad de la Asamblea porque su conformación no fue consultada a la población.
Se endurece el cerco
Menos de 24 horas después de que Delcy Rodríguez hiciera el anuncio del inicio de la redacción de la Constitución Venezolana, Estados Unidos cumplía sus amenazas de nuevas sanciones en contra de la nación sudamericana si seguía adelante con el proceso.
A través de un comunicado, la Casa Blanca informó el pasado viernes que el presidente Donald Trump había firmado una orden ejecutiva que impone nuevas y más severas sanciones financieras a Venezuela, sin duda una medida de presión sobre el régimen en un intento de apertura democrática.
Las nuevas medidas prohíben las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno y de la petrolera del Estado PDVSA. También se impide la negociación con ciertos sectores en manos del sector público venezolano.
En el documento, la Casa Blanca justifica la decisión debido a la creación de una ‘ilegítima’ Asamblea Nacional Constituyente y al hecho de que se hayan usurpado los poderes de la Asamblea electa de manera democrática, lo que representa una ruptura del orden constitucional en Venezuela.
“La dictadura de Maduro sigue privando al pueblo de Venezuela de alimentos y medicinas, encarcelando a miembros de la oposición electos a cargos públicos de forma democrática y suprimiendo de forma violenta la libertad de expresión”, dice el comunicado.
El gobierno venezolano reaccionó ante la medida a través del ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, que calificó las sanciones como la peor agresión a Venezuela en los últimos 200 años.
“Quizá Estados Unidos está tratando de promover una crisis humanitaria en nuestro país. ¿Qué quieren? ¿Quieren matar a los venezolanos de hambre?”, declaró.
Por su parte, Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Constituyente, también rechazó las sanciones e incluso culpó a la oposición por ser la artífice de las mismas.
“Nos quieren agredir por la economía. Sanciones y más sanciones contra Venezuela desde los centros imperiales, porque creen que asfixiando la economía venezolana, el pueblo de Venezuela se va a entregar”, dijo.
Lo cierto es que las medidas sí podrían suponer un duro golpe para la maltrecha economía venezolana, y corta una importante fuente de financiamiento para el régimen.
A trabajar
La Asamblea Nacional Constituyente estableció 21 comisiones que serán las encargadas de la redacción de la nueva Carta Magna, destacan:
> Comisión Constitucional
> Comisión de participación popular
> Comisión de economía diversificada y productiva
> Comisión de soberanía, integración y relaciones internacionales
> Comisión pública nacional
> Comisión de Derechos Humanos y garantías constitucionales
> Comisión del sistema de defensa y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana