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(Se acuerda) votar la apertura del procedimiento contra Nicolás Maduro (...) y que la comisión prepare el inicio al estudio de responsabilidad penal, responsabilidad política y abandono del cargo”
La Asamblea Nacional de Venezuela acordó ayer iniciar un proceso de juicio político y penal en contra del presidente Nicolás Maduro, luego de que el mandatario chavista suspendiera el referéndum para decidir si se revocaba o no su mandato.
Con esta decisión, los opositores podrán designar una comisión parlamentaria que se ocupe de investigar la posible participación del mandatario en una supuesta ruptura del orden constitucional.
Si Maduro es señalado culpable, se someterá de nuevo a una discusión en el Pleno de la Cámara para determinar la declaración de “responsabilidad política”.
El diputado opositor, Juan Miguel Matheus, explicó a CNN que con esta declaración espera que “se abra la decencia” del gobierno y se decida llamar a nuevas elecciones.
Todo esto ocurre en medio de una manifestación masiva en Caracas, la cual fue convocada por los opositores de Maduro para protestar en contra de lo que llaman una dictadura.
Tras la suspensión del proceso revocatorio y la irrupción de chavistas en la Asamblea Nacional, la oposición llamó a una rebelión popular y pidió medidas de presión internacional por la ruptura del orden constitucional cometido por el mandatario, a quien acusan de operar un Golpe de Estado.
Desde la Organización de Estados Americanos (OEM), el secretario general Luis Almagro hizo un llamado a los miembros del organismo a tomar acciones contra el régimen venezolano, acusando una violación del derecho democrático.
Maduro, por su parte, se negó a entregar el poder y lanzó acusaciones contra la oposición, a quienes señaló como responsables de un intento de Golpe de Estado en su contra.
Mientras se acentúa esta crisis política, y ya hay un enfrentamiento abierto entre el oficialismo y los opositores, los ciudadanos venezolanos siguen inmersos en una crisis social y de servicios que parece no tener fin.
‘Una ruptura del orden constitucional’
El pasado domingo, en la sesión de la Asamblea Nacional arremetió contra el mandato de Nicolás Maduro por la suspensión del proceso revocatorio, en lo que llamó un Golpe de Estado por parte del gobierno.
Durante las diversas participaciones de los legisladores opositores se refirieron a Maduro como “dictador” y a su gobierno como una “dictadura”.
En un ambiente tenso por la aparición de grupos afines al régimen chavista en el parlamento venezolano, lo que ocasionó la breve suspensión de la sesión, la Asamblea Nacional apuntó en su resolución final “una ruptura del orden constitucional”.
La Asamblea instó a la ciudadanía a la defensa de la Carta Magna hasta lograr la restitución del orden constitucional y pidió a la comunidad internacional la activación de mecanismos que permitan el regreso de la democracia.
Los legisladores también iniciaron un proceso de manera inmediata para reemplazar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, a quienes señalan como cómplices del régimen.
Los legisladores oficialistas acusaron a la oposición de intentar copiar el Golpe de Estado en Brasil y aprovechar la difícil coyuntura por la que atraviesa Venezuela para sacar beneficio político.
Maduro, quien se encuentra de gira de trabajo por varios países petroleros, envió mensajes a través de sus legisladores y dijo que está al tanto de sus responsabilidades de gobierno, pero hizo un llamado a la oposición a sentarse a la mesa de diálogo.
Este martes, los diputados convocaron a una sesión para analizar la situación constitucional del presidente, a quienes los opositores acusan de tener la doble nacionalidad venezolana y colombiana, lo que sería razón para inhabilitarlo en su cargo.
Una vez descartado el referendo revocatorio, los opositores parecen inclinarse a la posible apertura de un juicio político en contra de Maduro, aunque el tema aún no se ha discutido en el Parlamento.
La mayor crisis
El conflicto político que se vive entre el régimen y las fuerzas opositoras, no es el principal problema que se vive en Venezuela.
La crisis humanitaria que existe en este país del cono sur es un flagelo que está impactando cada vez más en la población venezolana, principalmente en las clases más desprotegidas.
Es el mismo recuento de hace meses, la escasez de alimentos y productos de primera necesidad, aunado a la falta de abastecimiento de medicamentos, incluso los más básicos como analgésicos y antibióticos.
La organización Humans Right Watch, presentó ayer un reporte en el que denunció la negligencia del gobierno de Nicolás Maduro y pidió a la OEA medidas de presión para el mandatario.
En el informe, especialmente crítico, apunta a que el régimen venezolano bloquea deliberadamente los esfuerzos por obtener ayuda internacional humanitaria, y hostiga a los defensores de derechos
humanos y ciudadanos que han cuestionado la escasez.
En el reporte de 73 páginas, la organización alertó sobre el dramático aumento en las tasas de mortalidad materna en infantil en el país.
Durante los primeros 5 meses de 2016, la tasa de mortalidad se incrementó un 79 por ciento respecto a las cifras oficiales más recientes obtenidas en 2009. Mientras que la tasa de mortalidad infantil fue 45 por ciento más alta comparada con la de 2013.
Almagro pide medidas
Desde que el uruguayo Luis Almagro asumió en 2015 el liderazgo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha sido uno de los mayores críticos al régimen venezolano.
Y tras la suspensión de referendo revocatorio, afirmó que esta acción es una clara violación a los derechos del pueblo venezolano.
Almagro pidió a los miembros de la Organización tomar medidas en contra del gobierno Venezolano, que podría ir desde el envío de misiones, hasta sanciones como la activación de la carta democrática.
El uruguayo, ya había invocado la Carta Democrática en contra de Venezuela en junio pasado, sin embargo, el gobierno de Maduro logró evitar que se abriera el proceso.
