El jueves 30 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela asumió -a través de un decreto- las funciones del Poder Legislativo; por las presiones habidas, horas después dieron marcha atrás a la decisión
Con los sucesos de los últimos días, Venezuela entró en una de las mayores crisis políticas institucionales de su historia: un gobierno debilitado y dividido al interior y una imagen exterior severamente deteriorada.
Tras el golpe de estado de facto y la posterior marcha atrás, pasando por los álgidos momentos de tensión, quedó en evidencia la fragilidad democrática en la nación sudamericana que se aproxima al final del sueño de la revolución bolivariana, iniciada por Hugo Chávez en la década de 1990.
Lo que empezó siendo un movimiento social y electoral para acabar con las políticas sociales vigentes a finales del siglo XX ha terminado convirtiéndose en una dictadura en todas las de la ley.
El pasado jueves 30 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en una decisión sin precedentes asumió -a través de un decreto- las funciones del Poder Legislativo, lo que en la práctica le otorgaba a Maduro la plenitud del mando.
Dentro de las medidas anunciadas, el TSJ también resolvió que los legisladores que habían expresado su apoyo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela habrían cometido traición a la Patria y que por tanto perderían su inmunidad parlamentaria.
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, acusó al presidente venezolano de haber dado un golpe de estado en toda regla, y desconocieron al máximo tribunal del país.
El parlamento venezolano llevaba un año en ‘desacato’, según el Tribunal Supremo, debido al incumplimiento de varias sentencias, por lo que ante la persistencia decidieron asumir las funciones legislativas.
La reacción internacional no se hizo esperar, y tanto organismos como la Mercosur o la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como una gran cantidad de países en el continente, han condenado enérgicamente al gobierno de Maduro, pidiendo una vuelta al cauce democrático.
Mientras tanto, la oposición continuaba su movilización en las calles, convocando a manifestaciones el sábado 1 de abril, donde incluso algunos diputados fueron recibidos con gases lacrimógenos.
Maduro contra las cuerdas
La presión interna, pero sobre todo la internacional tuvieron al final incidencia, y poco más de 48 horas después del anuncio del Tribunal Supremo, serían los mismos magistrados, a instrucción de Maduro, quienes darían marcha atrás en la polémica decisión.
Maduro ha extendido una mano a sus opositores y ha enviado una invitación formal al diálogo, sin embargo, en esta ocasión la oposición ha decidido no seguir el juego del presidente y tomaron la determinación de continuar la lucha en las calles.
Y es que el autogolpe de Estado orquestado por Maduro y los magistrados probablemente terminará trayendo un costo muy alto para el gobierno bolivariano.
El hecho de haber dado marcha atrás a la decisión evidenció que la pretendida fortaleza que presume el aparato chavista ya no es lo que era.
También, queda claro que se terminó la época de desafiar al ‘imperialismo’ y de ser beligerante con otras naciones, pues la amenaza de sanciones por parte de la OEA ya no puede ser tomada a la ligera y menos con la emergencia humanitaria que vive Venezuela, paralelo a la crisis política e institucional.
Los vaivenes de los últimos días no sólo exhibieron la atropellada y mal planeada estrategia de Maduro para reprimir la oposición y hacerse de nuevo del control legislativo, sino también demostró que las divisiones al interior del aparato chavista se han acentuado y son más visibles que nunca.
Esta fragmentación quedó clara el pasado viernes 31 de marzo, apenas un día después del decreto del TSJ, con el pronunciamiento de la Fiscal General Venezolana, Luisa Ortega, una acérrima chavista, quien incluso es la autora de la acción penal en contra de Leopoldo López, uno de los principales rostros de la oposición.
La Fiscal repudió públicamente la medida en contra del Parlamento venezolano al calificarla de inconstitucional.
Más allá de la importancia de la funcionaria que salió a criticar esta medida, Ortega representa también una facción dentro del propio régimen, por lo que con estas declaraciones está enviando también un mensaje de disgusto al interior del chavismo, reflejando profundas divisiones, que acentúan la debilidad del régimen.
El hecho de que países aliados de Venezuela, como Bolivia o Cuba se hayan mantenido en silencio, sin dar un espaldarazo a Maduro también es un signo de que el mandatario cada vez se está quedando más solo.
Para Maduro parecen terminarse las opciones. La petición tanto de la disidencia al interior como de la comunidad internacional es unánime: que se celebren elecciones libres a la brevedad.
