El día de hoy el diputado local del PRI, Francisco Cienfuegos, convocará para mañana a la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso, con la intención de aprobar la iniciativa para tipificar por fin como delito la desaparición forzada.
El plan es que este tema tan exigido por organizaciones como CADHAC sea subido este miércoles al pleno para su aprobación aprovechando que todos los partidos políticos están de acuerdo.
Pero la iniciativa para reconocer como delito la desaparición forzada está incluida en un paquete de reformas al Código Penal de Nuevo León que quedaron pendientes en la Legislatura anterior.
Aquellas que todavía el último día de sesión, los ex diputados buscaban aprobar al vapor, pero que estaban tan hechas sobre las rodillas que no se atrevieron.
Esas mismas reformas que además provocaron que organizaciones civiles involucradas en el diseño del nuevo sistema penal acusatorio giraran misivas y boletines diciendo que no estaban de acuerdo.
Que los habían ninguneado y que a la mera hora la Procuraduría del Estado había tratado de realizar los cambios al Código Penal a su manera, es decir, a su favor.
Como en el caso de la flagrancia en los delitos, que se planteó de tal manera, que incluso era contradictorio el concepto.
Y es que hablaban de que un detenido en flagrancia significaría que fue aprehendido en el acto, horas después e incluso días posteriores al supuesto hecho delictivo.
O que también que los investigadores podían tener las facultades de interrogar a un acusado, o incluso obtener pruebas analizando los tejidos debajo de sus uñas, es decir, una tortura y una amenaza contra cualquier imputado.
Pero bueno, afortunadamente no pasó aquella ocasión la reforma y parece que esos cambios ya no aparecen en el documento final.
Aparentemente hasta el viernes sólo había unos cuantos puntos que estaban muy extraños.
Como el hecho de crear reglas para que un acusado esté condicionado a responder preguntas del Ministerio Público.
¿Incongruencia de doña Tere?
Junto con el ex gobernador Fernando Elizondo, la ex alcaldesa de San Pedro Teresa García de Madero decidió renunciar a formar parte del Comité Directivo Estatal del PAN.
Los motivos ya son de sobra conocidos: la inconformidad por el reparto del CDE albiazul, órgano que fue acaparado por panistas afines a los líderes de la neocúpula: el senador Raúl Gracia, Zeferino Salgado y Fernando Larrazabal.
En la carta que envió doña Tere y Fernando Elizondo hablaban de congruencia y principios, por lo que resulta extraño que la ex alcaldesa de San Pedro haya aceptado formar parte de la Comisión de Evaluación y Seguimiento a funcionarios públicos.
Esta comisión albiazul que le reportará al Comité Directivo Estatal será presidida por el ex alcalde de San Nicolás Carlos de la Fuente.
Bono a funcionarios estatales
Esta semana las delicadas finanzas del Gobierno del Estado y las del Isssteleón se pondrán a prueba.
La administración del gobernador Rodrigo Medina tendrá que cumplir con la entrega del bono del servidor público que se reparte entre burócratas y empleados que laboran en el aparato estatal.
El reparto de este incentivo económico implica para el Estado la erogación de cerca de 50 millones de pesos adicionales al pago de la nómina.
¿Existirá esta reserva en las arcas estatales o el tesorero del Estado, Rodolfo Gómez, echará mano de una de sus maniobras financieras?
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