¿Son reales los hechos que ayer denunció Cadhac sobre la masacre ocurrida en el Penal de Cadereyta?
¿Es cierto que hubo reos a quienes los policías golpearon hasta fracturarles las manos, las piernas, la cabeza? ¿Es verdad que algunos internos fueron violados con macanas? ¿Que los lanzaron varios pisos por las escaleras?
Lo único que salió ayer a negar el Gobierno del Estado –claro, a través de un comunicado de prensa- fueron las versiones de algunos familiares de reos que aseguran que la cifra de internos muertos llegaría hasta 50 y no los 18 que maneja el Estado.
En su “verdad histórica” el Estado no dijo nada sobre la petición de Cadhac para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, lleve a cabo una investigación independiente sobre el motín en el Penal de Cadereyta.
Una investigación a fondo es lo que se necesita para esclarecer lo que pasó en Cadereyta hace 20 días y esa no la puede llevar a cabo por sus compromisos la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Ley urbana en lo oscurito
La nueva Ley de Desarrollo Urbano del Estado la sigue manejando con hermetismo y en la oscuridad el PRI-AN en el Congreso, lo que está provocando inconformidad entre los demás grupos parlamentarios que también quieren estar en la negociación.
Los líderes del PAN y PRI son los que están cabildeando y negociando esta reforma con los grupos de interés como son desarrolladores, las poderosas cámaras como la Canadevi y con el propio Estado.
No duden que la nueva Ley de Desarrollo Urbano, que deberá estar lista a finales de este mes de noviembre, protegerá primero los intereses de los desarrolladores que el de los ciudadanos.
Ayer por lo pronto los coordinadores del grupo legislativo independiente, de Movimiento Ciudadano, Panal y PT, salieron a quejarse de este manejo poco transparente por parte de las bancadas del PRI y PAN.
Los legisladores Eugenio Montiel, Samuel García, Rubén González y Sergio Arellano solicitaron una reunión con Roberto Russildi, secretario de Desarrollo Sustentable del Estado.
“No queremos imposiciones autoritarias que difícilmente puedan representar un beneficio social para nuestro estado y en cambio sí pueden generar una percepción de arreglos y componendas soterradas de beneficio a grupos en particular”, señala el comunicado firmado por los diputados.
La campaña del procurador
El que ya de plano arrancó su campaña promocional para que el Congreso lo tome en cuenta para la designación del nuevo Fiscal General del Estado es el actual procurador de Nuevo León, Bernardo González.
El procurador es la portada de noviembre de El mundo del abogado, una publicación que presume ser una revista nacional de actualidad jurídica con más de 17 años en el mercado.
González habla en la entrevista que le hicieron sobre el nuevo sistema penal y su implementación en Nuevo León.
La única pregunta que surge viendo el poster del procurador es de dónde sale el dinero para financiar esta entrevista disfrazada de promoción. ¿Será que tiene padrinos tan espléndidos como los tiene su jefe, el gobernador del Estado?
