Las imágenes de la transmisión en vivo en la televisión no mentían a nuestros ojos asombrados.
El establecimiento del Casino Royale estaba consumiéndose por el fuego, mientras el caos no abría a nuestra imaginación la posibilidad de que clientes y empleados salieran completamente ilesos.
Para Oralia, Samara, María, Amara, entre otros familiares de las 52 víctimas que fallecieron en el lugar, ese 25 de agosto seguirá siendo en sus vidas una historia convertida en pesadilla.
Pero no es sólo para ellos, es también para nosotros que no podemos quedarnos como observadores ante lo que como hilo de madeja, se ha ido destejiendo para ver que vivimos en un país donde la corrupción y la impunidad se han convertido en el alimento diario.
Hasta la fecha no hay autoridad con respuestas contundentes sobre la responsabilidad por omisión y ejecución de una de las tragedias más graves en nuestro país. Pero esto no es la primera vez que pasa. Otros ejemplos similares son los casos de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en donde fallecieron 49 niños y niñas, o el de la discoteca News Divine en la Ciudad de México, que dejó sin hijos e hijas a los padres de nueve jóvenes. Queda claro la torpeza del trabajo de Protección Civil.
No obstante, el caso del Casino Royale tiene un ingrediente que no hubiéramos puesto sobre la mira, si no hubiera sucedido: redes de complicidades.
Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá, dice que las sociedades rechazamos más a los adictos que a los narcotraficantes. Y tiene razón, en Monterrey, la reducción simplista de este acto de terror fue pensar que la ludopatía (como una premisa generalizada no comprobada) era la antesala de la muerte merecida.
¿Con esa explicación nos conformamos los ciudadanos? No debemos, porque en tanto la impunidad y la corrupción se convierten en los ejes de todo acto comercial o público, crecen las probabilidades de que nosotros seamos los siguientes protagonistas de esas historias.
Lo lamentable en nuestro país es que no sabemos distinguir las líneas que separan a los delincuentes de las autoridades. Así, en los días siguientes al 25 de agosto, las instancias federales, estatales y municipales implicadas, no hicieron ni una sola voz coherente que atendiera las necesidades de los deudos, tampoco nos explicaron a todos sus omisiones y sus reparaciones para que la historia no se repita. Pareciera que eso, nuestro derecho, es pedir demasiado. No se diga buscar resultados de una investigación que arrojara las pruebas contundentes para castigar a los culpables. Eso es, incluso, un sueño. Aunque no debería percibirse como tal.
A la lista de apellidos que se disputan las responsabilidades tendríamos que anexarle el de cada uno de nosotros. Porque haciendo una radiografía general: lo hemos permitido.
Cito a Roberto Zavala, padre de Santiago de la Guardería ABC, que le diera el título al libro del periodista Diego Osorno “Nosotros somos los culpables”: “Yo tengo la culpa por confiar, yo tengo la culpa por pagar mis impuestos, yo tengo la culpa por ir a votar, ¡Yo soy el responsable de la muerte de mi hijo!”.
Mientras nosotros no aceptemos que, por ejemplo, Larrazabal cuenta con una curul sin que todavía existan los resultados de una investigación, entonces, seguiremos siendo presa de lo mismo que nos quejamos.
¿Qué sigue a seis días que se cumpla un año de la tragedia del Casino Royale? Sigue una investigación seria que nos lleve a conclusiones para que se asignen las responsabilidades, una agenda pública sobre protección civil, pero sobre todo el compromiso de trabajo exhausto de la ciudadanía con proyectos específicos para combatir la corrupción y la impunidad.
Como enunciaría mi maestro Sergio Fajardo hace algunos días con firme determinación: “Los violentos nos arrebatan la dignidad. No aceptamos a los que por medio de las armas o con la corrupción roben dignidades”. No aceptamos.
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