Ayer por la mañana sorprendió a todo mundo que la IP de Nuevo León salió a decir que mejoró la percepción de seguridad en la ciudad.
Es el momento en que hay nuevamente una oleada de secuestros en la zona metropolitana, principalmente por las células huérfanas de la organización delictiva de Los Zetas.
Y también es el momento en que 52 familias de los caídos hace un año en el Casino Royale claman por justicia.
Pero lo peor son las tremendas contradicciones.
Aquí en Nuevo León los ipecos Manuel Zavala, presidente del Ccinlac, Bernardo Bichara del Centro de Investigación Ciudadana y Eugenio Clariond Rangel presidente de Caintra, sostienen que mejoró la percepción ciudadana sobre seguridad de acuerdo a la última edición del Pulso Metropolitano de Seguridad.
Según esta herramienta el porcentaje de ciudadanos que dijo sentirse seguro en su municipio subió del 10.7 al 18.5 por ciento.
Aunque eso sí, aseguraron que los ciudadanos perciben un menor compromiso de las autoridades.
A ver, ¿cómo está eso de que se sienten más seguros, pero ven menos compromiso de las autoridades? Ésta es la primera contradicción.
Y la segunda es que en la Ciudad de México el Consejo Coordinador Empresarial decía, al mismo tiempo, que en todo el país creció la percepción de inseguridad. Y lo hacía frente al presidente Felipe Calderón.
Allá Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, decía que la desconfianza creció respecto del mismo periodo del año 2011.
Terribles contradicciones entre la IP de Nuevo León y la nacional. Como que cada quien anda para su lado.
Estas incongruencias hacen que uno piense mal.
Porque definitivamente esta entidad es una de las más sufridas por la inseguridad, entonces como que no es posible que haya tanta discordancia entre lo que dicen en la Ciudad de México y lo que manifiestan aquí.
Lo que calla el tesorero
Rodolfo Gómez Acosta, tesorero de Nuevo León, está poniendo en juego su reputación intentando esconder la quiebra que registran las finanzas estatales y justificando los nuevos pasivos que pretende contratar.
Ahora resulta que el nuevo endeudamiento por casi 3 mil millones de pesos obedece, en palabras de Gómez Acosta, a que el gobierno federal incumplió con la entrega del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad.
Buena excusa, señor Tesorero, pero sólo si ésta fuera cierta.
La verdad es que el Estado infló su presupuesto de ingresos reportando que este año iba a recibir mil 800 millones de pesos de este Fondo de Seguridad, que se creó bajo el esquema del Fonarec que canalizó recursos por el huracán Alex.
Sin embargo, la SHCP siempre estimó en sus proyecciones destinar entre 900 y mil millones de pesos a Nuevo León, porque es el monto que arroja la fórmula de reparto que se aplicó para esta bolsa federal destinada para las 32 entidades del país.
Lo que no dice el tesorero estatal es que estos 2 mil 900 millones de pesos los necesita el Estado para evitar incurrir en una moratoria de pagos y porque ya no existe margen de maniobra, una vez que ya ejerció los 2 mil 400 millones de pesos de deuda que le autorizó el Congreso del Estado para este 2012.
