La historia se repite constantemente en las mesas donde nos hemos reunido. Aquí, en Estados Unidos, estamos representados países que tienen algo en común: Trinidad y Tobago, Guayana Británica, Belice, Colombia y México.
No es muy difícil saber el hilo argumental de los intercambios de ideas: el tráfico de drogas en nuestros territorios. Sin embargo, este tema no es el único que ha surgido en las mesas de trabajo. Hay otros que son nacientes y surgen intempestivamente porque además de ser considerados delitos transnacionales y de lesa humanidad, están impactado de manera negativa en las comunidades, sobre todo en las fronterizas.
Es por eso que hemos abordado uno de estos temas en nuestra reunión en la Secretaría de Seguridad Nacional estadounidense.
De acuerdo con la propia definición de esta institución, la trata de personas es el tráfico de explotación sexual por motivos comerciales mediante el uso de la fuerza, fraude o coerción, en que la persona obligada no ha cumplido los 18 años de edad.
O bien, el reclutamiento de una persona para que trabaje o preste servicios mediante el uso de la fuerza. Es por eso que también se conoce como la esclavitud del siglo XXI.
Quienes cometen este delito obtienen grandes beneficios comerciales y económicos. Mismas ventajas que obtienen quienes protegen a esos individuos.
Ventajas que se pueden deducir por algunas de las omisiones gubernamentales.
Lamentablemente, en nuestros países de América Latina falta investigación suficiente para comprobar estas premisas, pero sobre todo, encontrar a las personas que han sido obligadas a tales actividades.
Esto es extremadamente difícil si además debemos contar con la aprobación y la denuncia de las víctimas para darle seguimiento a cada uno de los casos. Más si vivimos en países en donde el silencio, por diversos motivos, -incluyendo el miedo a la represalia de las autoridades- no permite el flujo libre de la información y, por lo tanto, algunos de estos datos caducan al pasar el tiempo, cuando se trata de encontrar a las víctimas.
Otro de los grandes obstáculos a vencer es la ausencia de competencias de las oficinas públicas para la atención a las víctimas o a sus familiares.
El hecho de que no se implementen mecanismos de búsqueda inmediata, que no se persigan los activos de los implicados en la trata de personas, el que exista un rezago en la educación de los habitantes porque el blanco de este delito tiene que ver con personas con menor educación, y que la pobreza es otro factor que aprovechan los victimarios para hacer falsas promesas, son algunas de las características que no nos permiten reducir el riesgo de ser una mercancía en tránsito.
Si bien es cierto que la trata de personas puede generarse entre un país y otro, también lo es, que a veces ocurre en el interior de un solo país.
Ante este panorama debemos poner en la mira el problema a nivel internacional.
Es por eso sumamente importante que reflexionemos sobre lo que tenemos qué hacer para que en la práctica, efectivamente, tengamos a la trata de personas como una de las problemáticas más importantes en nuestra agenda binacional.
Porque vivimos en tiempos donde no sólo la droga es mercancía, los seres humanos también lo somos.
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