La Corte Suprema desechó ayer la petición que había hecho el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el estado para que este órgano resolviera la controversia que se originó con el Trife en el caso de la licencia del ex alcalde Fernando Larrazabal.
Los ministros de la SCJN determinaron que el pleno no tenía competencia para dirimir un asunto jurisdiccional como el planteado por los magistrados, pero decidieron ejercer la facultad de atracción del juicio de amparo que causó todo este enredo legal.
Es decir, los ministros le van a entrar al asunto Larrazabal, pero lo harán a su manera resolviendo el juicio de amparo que actualmente está en manos del tribunal colegiado.
Es cierto que este juicio de amparo está más muerto que nunca, porque la materia de amparo está agotada con la conclusión del periodo constitucional de Larrazabal al frente del Municipio de Monterrey.
Pero lo que sigue muy vivo son dos asuntos relacionados: el posible desacato de los ex regidores de Monterrey, por no cumplir una sentencia de amparo, y la presunta responsabilidad de los magistrados Sergio Eduardo Alvarado Puente y Sergio Javier Coss Ramos.
Los ministros de la SCJN tendrán la última palabra si estos funcionarios incurrieron en abuso de autoridad y desacato.
Por cierto, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado fueron visitados ayer por un grupo de visitadores del Consejo de la Judicatura Federal, quienes comenzaron una revisión de las resoluciones de este órgano.
El año pasado los jueces de distrito Luis Armando Jerezano Treviño y Ricardo Hiram Barbosa Alanís primero fueron sujetos a una auditoría similar antes de ser suspendidos por el Consejo de la Judicatura Federal, por presuntamente beneficiar a centros de apuestas.
La ministra Luna Ramos
Entre todos los ministros de la Suprema Corte que ayer opinaron sobre el caso Larrazabal llamó la atención la postura que exhibió la ministra Beatriz Luna Ramos.
La ministra prácticamente se burló de los argumentos de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado, que decidieron consignar penalmente a los ex regidores del Municipio de Monterrey de manera directa y no a través del MP.
La ministra en cambio felicitó la posición del juez Esteban Salinas Wolberg, quien se negó a cumplir con la orden de los magistrados alegando que éstos no tenían atribuciones para consignar penalmente.
Luna Ramos dejó muy claro que esa atribución sólo la tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ella estará a cargo de integrar el expediente para presentar al pleno del SCJN un dictamen, ahora este tribunal ejercerá su facultad de atracción en este caso para resolverlo de manera definitiva.
Un dato más: la ministra Luna Ramos es hermana del magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano que forma parte de este conflicto.
¿Ya adivinó por dónde viene la resolución entonces, verdad?
