Militantes de Morena en Nuevo León continúan con el plantón en las instalaciones estatales del partido y todo apunta que lo harán más visible durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad en esta semana.
Nos dicen que Bertha Puga Luévano, dirigente estatal de Morena, no ha tenido la capacidad política para poder convencer a los militantes de que levanten esta protesta, lo que también deja entrever un debilitamiento de su gestión.
Hay mucha molestia de que Puga Luévano esté haciendo uso personal de las instalaciones partidistas, que no está tratando bien a los militantes, algunos de la tercera edad, quienes se mantienen en el plantón y que ni siquiera les permite utilizar las áreas sanitarias.
Habrá que recordarle a la dirigente estatal que las instalaciones de Morena son para la militancia.
Pero el fondo del cuestionamiento es la rendición de cuentas acerca de los 3 millones de pesos mensuales que recibe este partido, pues aseguran que no se están ejerciendo de la forma correcta.
El propósito de este plantón, nos dicen, es darle empuje a Morena y que se inicie la formación de los comités municipales rumbo a la elección de 2021 y, sobre todo, nos comentan, llamar la atención de los líderes nacionales del partido.
El costoso error del Congreso
El Congreso estaría este lunes realizando un periodo extraordinario para resolver la situación del exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Ángel Mario García Guerra, quien podría ser ratificado por los legisladores.
Los diputados, que le negaron en ocho ocasiones la ratificación por un periodo más de 10 años y que hoy están incluso en riesgo de ser destituidos, simplemente evidencian una ineficiencia jurídica para atender asuntos delicados.
Nos dicen que aún y cuando reviren los legisladores y ratifiquen a García Guerra este lunes, no estarían cumpliendo cabalmente el ordenamiento judicial, pues el exmagistrado hoy en día tendría que estar trabajando, lo cual no es así
Los diputados en lo individual deberían de defenderse y podría haber sanción para los que obstaculizaron el proceso de ratificación de Ángel Mario. Es decir, el planteamiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Nuevo León de destitución de los congresistas por desacato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación está más vivo que nunca.
Otro punto que sale a relucir es que, al no ratificarlo desde 2018, se abre la posibilidad de que se le tengan que pagar los salarios caídos de este periodo, que podrían superar los dos millones de pesos. ¿Y quién los va a pagar?
