La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, recién aprobada en el Congreso y que establece que ningún funcionario puede ganar más que el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, en Nuevo León prácticamente se la están pasando por el arco del triunfo los organismos autónomos.
De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos, que presentó el Estado ayer al Congreso, en los organismos autónomos como el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal Electoral y el Tribunal Electoral habrá –si el Congreso lo permite- sueldos que superarán por mucho los 108 mil pesos mensuales que percibirá López Obrador y que se supone será el tope salarial en la función pública en México.
Está el caso de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, que están proponiendo ganar 176 mil pesos mensuales el próximo año sin importarles las políticas de austeridad del nuevo gobierno.
Los consejeros de la Comisión Estatal Electoral – responsables principales de la mala organización de la elección del 1 de julio- buscan un sueldo máximo de 182 mil pesos.
La Fiscalía General del Estado, que está proponiendo duplicar su presupuesto, incluye sueldos mensuales de entre 146 mil pesos como mínimo y 175 mil como máximo.
¿Cuál crisis? ¿Cuál austeridad?
El gobernador Jaime Rodríguez entendió el mensaje político y redujo a 106 mil pesos su sueldo mensual para ajustarse a la Ley Federal de Remuneraciones.
Y a los demás?
Simplemente no les importó.
Cambios en el Congreso
El PRI sigue colocando a los suyos en el Congreso de Nuevo León aprovechando las bondades que le permite el grupo legislativo de Morena que renunció a los privilegios de ser primer minoría.
El grupo legislativo priista logró designar a Josué Paredes como director de Adquisiciones en el Congreso del Estado, con el apoyo del PAN que encabeza Carlos de la Fuente.
El único cargo que sigue pendiente en el Congreso es el de la Dirección de Comunicación Social y donde se asegura que llevará mano Morena.
Para este puesto se está mencionando a Jorge Guerrero, que tendría el apoyo de Carlos Suárez y Rafael Zarazúa, quienes hoy son los que mandan en Nuevo León en Morena.
Protección a los que denuncian corrupción
El que sigue con su cruzada a favor de promover las denuncias por actos de corrupción es el diputado local Arturo Bonifacio de la Garza.
El legislador de Morena propuso ayer en el Congreso del Estado reformas a la Ley para Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León con la intención de reconocer y proteger derechos de los denunciantes y testigos que se atreven a denunciar.
Con la reforma propuesta por De la Garza, se busca que el denunciante y testigo incluso reciba protección del Estado para evitar represalias y amenazas, además de atención psicológica y médica en los hospitales en caso de que lo requiera.
