La ecuación es muy simple: si el Gobierno del Estado quiere vagones para la Línea 3 del Metro incrementará el costo del servicio y en consecuencia las tarifas del transporte urbano.
Lo que hay detrás del plan del gobernador Jaime Rodríguez de incrementar las tarifas es la ruina financiera del Estado.
Es así de simple.
La única opción que tiene “El Bronco” para comprar los vagones es contratar un crédito, pero los bancos necesitan como cualquier acreedor garantías.
¿Y qué garantía puede otorgar un gobierno en quiebra que ya tiene todos los fondos e impuestos comprometidos para el pago de deuda?
Sólo tiene el ingreso por el boleto del Metro.
Es por eso que el Consejo Estatal de Transporte autorizó un incremento de un peso en el costo del Metro además de un deslizamiento de 10 centavos por mes que llevará la tarifa a los 9.50 pesos en 3 años.
Es una tarifa completamente injusta para los regiomontanos si consideramos que los capitalinos pagan 5 pesos por utilizar el Metro que tiene una red de 226 kilómetros y el Metro regio apenas tiene 2 líneas con 32 kilómetros.
Pero “El Bronco” tendrá que autorizarla para que algún banco le preste para comprar los vagones del Metro. Es la dolorosa realidad, que nadie se atreve a decir.
El Fiscal y su blindada
El que le entró a la moda de traer camioneta blindada es el fiscal electoral de Nuevo León, Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon.
El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León ha llamado la atención por el costoso vehículo blindado que usa para transportarse.
¿Será que para costear este tipo de lujos es que el Fiscal General del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero, anda pidiendo ampliaciones presupuestales?
Por Ley, los funcionarios asignados a tareas de seguridad en el Estado tienen derecho a estar protegidos con vehículo y escoltas.
Pero… ¿Qué riesgo corre el fiscal electoral de Nuevo León? ¿A qué le teme? ¿A los mapaches?
Los nombramientos de la COCRI
El tiempo se agota y se espera que el próximo lunes la Comisión de Coordinación del Régimen Interno (la Cocri) designe por fin a los responsables de los principales cargos administrativos del Congreso del Estado.
Los jaloneos siguen en la Cocri, controlada por el bloque que encabeza el PRI y Morena, para el nombramiento de estos puestos administrativos muy cotizados.
Hay mucho en juego: de la Cocri depende el nombramiento del Oficial Mayor, el Tesorero del Congreso, la Unidad de Adquisiciones y la Dirección de Comunicación Social.
El PRI y Morena llevan mano en este reparto por encima de la bancada del PAN, que encabeza el diputado Carlos de la Fuente, pero sin fuerza para imponer su liderazgo en panistas como Juan Carlos Ruiz, quien va por la libre y no pierde oportunidad para exhibir a su jefe de bancada.
