Algunas decisiones que las y los diputados del Congreso de Nuevo León votan contravienen abierta y cínicamente los derechos que tenemos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. He llegado a la conclusión de que más allá del debate por diferencias en posturas, ideológicas o de argumentos, lo que sucede en la actual legislatura es negligencia ante el trabajo que deberían hacer como Congreso.
La defensa por los derechos y las libertades de las personas ha costado vidas. Aunque no es obligación estar de acuerdo y en una democracia se puede disentir (de hecho, esa es la base de la pluralidad), tampoco se debería evadir la responsabilidad de hacer leyes conforme a derecho y debatir con argumentos lo que está en el “ojo” de la polémica.
De la altura en esta toma de decisiones depende la vida pública de Nuevo León y para los que tenemos representación federal de México.
Lo increíble es ver que la actual legislatura está dando resultados en números “rojos”. A nivel nacional se le reconoce no por el trabajo, no por la innovación legislativa o por los debates más álgidos de las sesiones. No.
Se le ubica en el mapa legislativo como una que carece de conocimiento sobre el trabajo legislativo y que renuncia a la progresividad de los derechos humanos.
En vez de avanzar hacia los derechos emergentes para seguir haciendo garantías, parece que como el cangrejo, van hacia atrás. Provocando a la inconstitucionalidad con total ligereza.
Por eso mismo, quizá he llegado a una conclusión aventurada, pero que me parece marca también una puerta abierta como una ruta crítica para la ciudadanía activa que no se ve representada en las curules: hay que renovar al Congreso.
En la “Casa del Pueblo” donde se marca el ritmo de las leyes es a dónde tendría que llegar la participación ciudadana. En este punto donde hay personas en la clase política carentes de convicciones, mercenarios a sueldo, y gente conveniente que intercambia votaciones como si se tratara de “barajas” en un juego, más valdrían ser totalmente desplazados.
Porque quizá ni siquiera es que les interesen los temas elementales para hacer la convivencia, la paz o los marcos jurídicos para mejorar al medio ambiente, la economía, la salud, entre otras prioridades.
Es momento no sólo de vigilar al Congreso. Sino de actuar pronto. Un espacio de poder tan importante como ese no se puede dejar en el vacío liviano de no pensar en las siguientes generaciones, en cómo vamos a salir de esta crisis que estamos viviendo y, ante todo, en la defensa de lo que tanto buscamos mediante revueltas, movilizaciones y búsquedas personales.
Ignorar a la Constitución es hacer a un lado a la historia. Ésa que con facilidad, sin debates, en “albazos” y en intercambio de favores políticos nos tienen al Congreso en franco secuestro por esa clase política que no quiere cambiar.
Cambiemos nosotros entonces. Esta tarde que alguien me preguntaba por redes sociales sobre qué hacer ante la ilegalidad de la toma de decisiones. Le he escrito con franqueza. “Metete a la competencia electoral en el 21”. Cualquier plataforma política o sin ella, sería opción con tal de que el Congreso realmente le sea útil y cumpla con el mandato legal que le corresponde.
