El fracaso de la Mesa de la Justicia de Desarrollo Urbano de San Pedro tiene varios culpables, quienes permitieron a los fraccionadores ‘nadar de muertito’ para terminar por estrangular la salida que el Municipio había dado a las irregularidades construidas en los edificios de los particulares.
Está claro que los dictámenes, los expedientes técnicos, fueron entregados a la Mesa por el despacho de abogados contratado y por la entonces secretaria de Desarrollo Sustentable.
Pero ¿qué pasó después?… ¿Por qué no se concretó el fijar un monto a pagar por los fraccionadores?… Y ¿por qué éstos no lo pagaron para enmendar sus anomalías en los inmuebles?
Empezó el atorón con los consejeros ciudadanos de la Mesa: Ernesto Chapa, Ricardo Cantú Jauckens, Pilar Valdés y Jesús Ruiz Velasco.
Y es que según información de los pasillos del Ayuntamiento, la Comisión de Desarrollo Sustentable del Cabildo, presidida aún por el síndico Guillermo Montemayor Cantú, junto con los consejeros ciudadanos, nunca aterrizó criterios válidos para fijar las sumas que los desarrolladores tenían que pagar para enmendar las violaciones al reglamento.
Y hay quien dice que además fueron todos influenciados por los abogados de los propios fraccionadores en reuniones, comidas y cenas.
Obviamente que aquí hace falta decir: ¿por qué permitieron el secretario del Ayuntamiento, Bernardo Bichara, así como el alcalde, Ugo Ruiz, que tal influencia contaminara el proceso? Instrumento que ellos mismos crearon.
Gobiernos desconectados
No cabe duda que pronto, el secretario General de Gobierno del Estado, Álvaro Ibarra, tendrá que empezar a tender puentes con los dirigentes de los partidos políticos, porque se vienen los acuerdos preelectorales.
Porque desde que asumió el cargo, Ibarra no ha tenido interlocución con los diferentes partidos políticos, ya no digamos con los alcaldes del área metropolitana, los panistas, con quienes desde hace meses no puede sentarse a dialogar.
Y vaya que si tienen temas que tocar, ahí está la coordinación en materia de seguridad.
Porque con la reforma al sistema penal, ahora sí debiera haber una completa relación entre policías municipales, ministerios públicos y Procuraduría, porque ahora los uniformados de los municipios deben tener la capacidad de realizar investigaciones y aprehensiones.
Y lo que viene es el tema preelectoral, donde el secretario de Gobierno, le guste o no, debe tener interlocución con los partidos políticos, incluso con sus rivales del PAN, porque es responsabilidad de su cargo llevar a buen puerto los comicios del próximo año.
No es un asunto de gustos, creencias o afinidades, se trata de política, aunque el término esté tan devaluado en el país.
‘Oleadita’ de inseguridad
Con el infierno que está viviendo Tamaulipas se nos olvida que aquí en Monterrey llevamos días presenciando, otra vez, asesinatos en restaurantes a plena luz del día, asaltos a mano armada en el Centrito Valle y secuestros por todos lados.
Ojalá que el crimen organizado no esté tomando nuevos bríos en la ciudad, menos cuando vienen elecciones, porque con eso de las campañas, a los cárteles les da por apostarle a algunos candidatos con dinero ilícito.
