Muy contento anda ahora el gobernador Jaime Rodríguez Calderón después de haber desembolsado más de 50 millones de pesos del erario público para adquirir un dron o aeronave no tripulada para ayudar en el combate a la delincuencia.
Pero más contento debe de estar el presidente de Unmanned Systems Technology International, la compañía que vendió el dron al gobierno estatal.
Se trata de Mauricio Ramos Pons, un conocido consultor y consejero en materia de estrategias de seguridad y que también ha participado en la vida pública.
En 2002 fue subsecretario de Seguridad estatal durante el sexenio de Fernando Canales, y más recientemente fue coordinador en materia de seguridad de Adrián de la Garza, durante el periodo de transición en la Alcaldía de Monterrey en 2015, antes de su primer mandato. Ramos Pons es además el CEO de Plan S Consultores y uno de los asesores de cabecera del secretario General de Gobierno, Manuel González.
Siempre ayuda tener buenas relaciones, eso ni dudarlo.
Más problemas para Treviño
Ahora que se ha propuesto encabezar una limpia al interior de la Policía del Municipio de San Pedro, el alcalde Miguel Treviño bien podría darse una vuelta en la Dirección Jurídica y aplicar pruebas de confianza a los funcionarios que ahí laboran.
Podría comenzar, por ejemplo, con Benito Juárez Calvillo, director Jurídico del municipio de San Pedro, quien ha resultado ser no sólo un funcionario conflictivo, sino que también ha sido imputado en varias denuncias en la Fiscalía General de Justicia.
Existen tres expedientes en su contra por amenazas y delitos cometidos en la administración de justicia, lo cual no habla bien de un funcionario con una responsabilidad tan importante, en un municipio que busca ser ejemplar.
Nos comentan que Juárez Calvillo no tiene entre sus cualidades el respeto y la cordialidad con sus subordinados, pues no son pocos los que ya han sido blanco de amenazas o intimidación y ya tiene muchas quejas de los trabajadores de la Dirección Jurídica.
El alcalde tendría que tomar cartas en el asunto, pues el ambiente de trabajo se está haciendo cada vez más complicado.
Protegen a adultos mayores
En medio de la controversia por el alza al transporte público, se aprobó en comisiones del Congreso local una iniciativa presentada en febrero por el diputado de Morena, Arturo Bonifacio de la Garza, con la que se asegura la protección a los adultos mayores para que puedan evitar el tarifazo.
Esto con una reforma al artículo 34 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León para que las tarifas preferenciales a las que las tienen derecho no sean aumentadas por el Poder Ejecutivo hasta que transcurran seis años contados a partir de la última modificación.
El dictamen será votado próximamente en el Pleno.
