La Ciudad de México lleva cuatro semanas en el color verde del Semáforo Epidemiológico. Vuelven los eventos masivos, como el desfile del Día de Muertos y la Fórmula 1.
Los niños han vuelto a clases presenciales, reabren antros, restaurantes, gimnasios y cines. De acuerdo con la Secretaría de Salud, cuando una entidad llega al semáforo verde, el uso de cubrebocas solo es “recomendado” en espacios públicos cerrados.
El ritmo de normalización generalizado contrasta con las instancias judiciales, ahí no se han relajado las medidas a pesar de que el semáforo de riesgo epidémico pinta de verde a casi todos los estados del país. Si usted quiere visitar un juzgado debe sacar “cita”, acudir en un día que no trabajen a “puerta cerrada” y tener suerte, mucha suerte, pues la mayoría de los funcionarios no están recibiendo visitas presenciales.
Los cierres parciales y las restricciones de acceso al público en el Poder Judicial Federal comenzaron el 17 de marzo de 2020. Nadie se quejó ante lo que parecía ser un “mal necesario”, desafortunadamente, las medidas siguen prorrogándose y no tienen un final previsible, muchos creímos que al pasar a semáforo verde veríamos la reapertura total de los juzgados, pero no ocurrió así.
El pasado 22 de octubre, el Consejo de la Judicatura Federal emitió el acuerdo general 21/2021, mediante el cual extendió la vigencia de las medidas de seguridad hasta el 16 de enero de 2022. Eso significa que, independientemente de que el resto del país lleve a cabo sus actividades con normalidad, el Poder Judicial Federal seguirá en “modo COVID-19” al menos hasta el próximo año.
Las afectaciones sufridas durante los últimos 19 meses son muchas. Como litigante he atestiguado retrasos inusuales en la tramitación de los juicios, promociones electrónicas olvidadas durante meses sin recibir acuerdo, infinidad de fallas en los sistemas de juicios en línea, expedientes digitales incompletos y, sobre todo, la imposibilidad de hablar directamente con los funcionarios que tienen a cargo el dictado de las sentencias.
Un magistrado que sí me recibió a pesar de las medidas sanitarias me dijo: “(trabajando a puerta cerrada) ¿estamos impartiendo justicia? No lo creo”. Coincido con él.
Conversando con varios funcionarios me he enterado de que existen grupos que se oponen al regreso presencial. Entre ellos, destacan los sindicatos que desean proteger la salud de sus agremiados contra cualquier mínimo riesgo y también los trabajadores que prefieren laborar a puerta cerrada o desde sus hogares, pues en esa forma operan más eficientemente.
Todos los involucrados tienen algo de razón. Sin embargo, los ciudadanos demandamos el acceso pleno a la justicia y los funcionarios desean proteger su integridad, manteniendo las ventajas que los esquemas de trabajo remoto traen aparejados.
El 11 de enero publiqué un artículo titulado “La Justicia tiene COVID-19”, lamentablemente nuestro sistema no se ha recuperado. La medicina probablemente no sea regresar enteramente al esquema tradicional de trabajo, sino implantar un modo de operar que, en adelante, rescate las ventajas del trabajo remoto sin entorpecer el trámite de los juicios.
La pandemia ha transformado al mundo, parte del proceso de superación implica aceptar este hecho y entender que nunca volveremos del todo a la realidad que vivimos antes de la llegada del COVID-19.
