El transporte público es un derecho

Hace como 7 años conocí a Nacho Zapata. Él era, con el tiempo supe, un gran defensor de derechos. En varias de mis conversaciones con él, me sensibilizaron sus reflexiones agudas sobre el transporte en la Zona Metropolitana de Monterrey. Lejos de una visión técnica o de eficiencia, Nacho insistía vez con vez que la clase trabajadora de Nuevo León era la que lastimosamente pagaba el transporte público más caro. Que esto, invariablemente, afectaba a las personas con menores ingresos.

Como experta en movilidad me di cuenta que estamos paralizados en una misma “fórmula” de transporte “ochentero”. Ensimismados en un círculo vicioso que nada parece romperlo, mientras la cuidad crece de forma “desparramada”; habitantes se multiplican y desplazan con mayor frecuencia y exigen, por tanto, más rapidez para ganarle al tiempo; y a penas dos líneas irrisorias de metro para una metrópoli que crece sin claro ordenamiento territorial, es el peor caldo de cultivo de una realidad que ha rebasado a las instituciones en el presente.

El futuro transporte ya no sólo está medido en el número de unidades y en los puntos de “origen-destino”. Es entender su función en la vida urbana de conexión y multimodalidad. Es decir, todo aquel vehículo motorizado o no que pueda desplazar personas y no sólo autos en los nodos claves del territorio, son prioridad.

Pero en esta urbe el rezago en esa visión que no se comparte está causando no sólo estragos al monopolio de utilidades de las empresas del transporte que tienen las concesiones, también está afectando gravemente la calidad de vida de los habitantes e incluso el aire que respiramos.

Gran tarea a la que el colectivo Únete Pueblo se ha comprometido. La de evidenciar, denunciar las fallas de un sistema de transporte caduco (sobre todo la de las unidades -rutas- que dan el servicio) como las de la opacidad gubernamental que parece ha perdido toda autoridad moral, control administrativo y hasta “renunciado” a sus facultades legales, que no están dando respuesta factible para solucionar el problema en el que estamos sumergidos desde hace varias décadas.

Hoy la raza manda un rotundo NO al tarifazo que bajo incompetencia pública y suspicacias de lo privado están secuestrando y tomando como rehenes a quienes menos deben pagar las facturas: esa clase trabajadora que sostiene la economía del Estado de Nuevo León.

Para mí, esto no es una búsqueda nueva. No sólo por ser senadora y menos por oportunismo político. Soy usuaria del transporte -aunque pocos lo crean-. Nunca en mi vida he tenido un auto propio. Lo que están haciendo de por sí ya es abusivo. Lo que pretenden hacer es indolencia. Insensibilidad absoluta sobre aquellos que como bien decía el difunto Nacho que apenas tienen para comer y quieren que tengan para trasladarse…

Si se viola y violenta mediante ese derecho, se afecta la vida de miles de personas que no tienen otra forma de movilidad para ir al trabajo, la escuela, o los servicios de salud. Es decir, también se afectan otros derechos humanos que son por igual indispensables.

El próximo lunes sesionarán en el Consejo Estatal del Transporte. Para algunos dos pesos “no es nada”, pero sí lo es cuando se miente en que no puede haber reestructura para bajar costos. Sí cuentan para una población que tiene que ir a trabajar “sí o sí”. Sí importan cuando estamos respirando veneno y tal parece que con esto se castiga con severidad a los que no queremos reducir el uso de automóviles en la ciudad.

El transporte público es un derecho. No debería estar a debate. Pero tal parece qué hay quienes se han olvidado de que están en un lugar de poder para hacerlo valer, no para violentarlo.