En el pecado llevan la penitencia

Aunque Enrique Peña Nieto tiene asegurados el 66 por ciento de los votos que harían falta en el Congreso para sacar adelante su reforma energética, está claro que la propuesta no cuenta con el mismo porcentaje de respaldo entre la ciudadanía de México.

Y no es porque Andrés Manuel López Obrador haya “engañado” a la mayoría de la población.

Sino más bien porque día tras día, desde 1938 hasta nuestros días, los priistas se encargaron de predicar, como si se tratara de un dogma de fe, que la participación de la iniciativa privada en la explotación petrolera era pecado mortal.

¿Podrán los publicistas del gobierno cambiar esa creencia, mediante la difusión de un spot en el que se muestra a unos niños con las manos chorreadas de petróleo?

Y peor aún cuando en el mismo spot se compara al petróleo con el viento y con el sol, alegando que los tres recursos son nuestros.

La comparación es tan absurda que si el sol fuera tan nuestro como lo es el petróleo, bastaría con que les pusiéramos un impuesto a todos los habitantes del planeta por calentarse con “nuestro sol”.

Así no tendríamos necesidad de hacer una reforma fiscal, y menos una reforma energética.

De todas maneras Juan te llamas

Mas tardó el presidente Peña Nieto en dar a conocer su iniciativa de reforma energética, que en que surgieran no sólo las consabidas críticas políticas e ideológicas, sino hasta las de naturaleza jurídica.

Y es que en opinión de algunos jurisconsultos, los llamados “contratos de utilidades compartidas” son tan solo un eufemismo para encubrir cualquier tipo de contrato u operación jurídica que favorezca la participación del capital privado, en todas las actividades relacionadas con el petróleo.

A través de esta figura se pretende disfrazar concesiones, coinversiones, asociaciones, fideicomisos, o lo que se les ocurra para “legitimar” la privatización de la industria petrolera de México.

¿Clausuras en lugar de multas?

Aunque cada vez es más difícil encontrar un empleo, y mantener las fuentes de trabajo, el procurador general del consumidor Alfredo Castillo continúa haciendo todo lo que está a su alcance para cerrar los restaurantes más famosos de la zona rosa de la capital.

¿No sería mejor que el procurador les impusiera una multa en lugar de dejar sin trabajo y sin ingresos a los empleados de los restaurantes que clausuró la Profeco?