Entonces, ¿de quién?

El Gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, dijo ayer que el incremento de la violencia no es su responsabilidad. ¿De quién será entonces? El mandatario tiene ya un año al frente del estado y no puede voltear a ver a Ángel Aguirre como responsable de lo que ahí pase. Pero pues entonces la verdad es que los guerrerenses están en el total desamparo porque mientras Ortega dice que él no es responsable, el nuevo Gobernador, Héctor Astudillo, dice que llamará al Gobierno federal para que le ayude con la violencia en Acapulco. ¿Pues para qué aceptaron ser gobernadores? 

La reunión bilateral 

Contrario a lo que muchos se imaginarían que iba a suceder, la reunión bilateral en Washington para hablar sobre temas de derechos humanos fue muy tranquila. Evidentemente se dio en el marco de que el Congreso de Estados Unidos decidió reducir el presupuesto de ayuda para la Iniciativa Mérida. Pero ni con eso sobre la mesa la reunión se convirtió en una lucha de vencidas entre funcionarios de ambos países. Por el contrario, los representantes de México y EU hablaron de temas como la desaparición forzada, protección a periodistas, derechos humanos de los migrantes, notificación consular, hasta pena de muerte. Al final se emitió un comunicado en conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado del vecino del norte. Todo parecía que sería al revés.

El lobbying del PAN

La disminución en el impuesto a las bebidas azucaradas solo destapó un hecho: los cabilderos están haciendo muy bien su trabajo. Ayer se reveló que fue la bancada del PAN la encargada de llevar la propuesta de bajar el IEPS a los refrescos a la mitad de lo que originalmente se encontraba. Y aunque los panistas niegan que se les haya acercado un solo cabildero, en los pasillos de San Lázaro se escucha que operaron igual que en 2013, cuando se aplicó un peso de impuesto por litro en vez de dos. Se dice que a algunos les prometieron dádivas, dinero para financiar sus campañas políticas o hasta darles camiones de refresco –literal– para repartir en sus comunidades o en sus mítines. De plano, a algunos se les dejó entrever que las empresas tienen el poder de dañar la imagen de los políticos que no accedan, armando archivos de sus propiedades o de algunos hechos cuestionables en su carrera o su vida personal. Lo menos loable de todo es la caradura con que salen a decir que la intención de bajar el impuesto es combatir el problema de salud que ocasionan las bebidas azucaradas. ¡Ahí sí ya ni quién les crea!