A Marcelo, quien nos obliga a pensar y pensarnos.
No tengo la menor duda de que para que existan mejores funcionarios públicos, debe haber contrapesos como la rendición de cuentas y la transparencia.
No obstante, en el tema de la transparencia está la discusión de lo que es público y lo privado.
Es cierto que quien entra al mundo de la Función Pública, decide, de entrada jugar a eso, a lo público. Pero, ¿hasta donde?
No podemos negar que hoy en día con la tecnología ya poco es privado, pues por más que uno lo quiera, el CHIP está ahí viéndote, analizándote y escuchándote en la calle con la cámara gubernamental, en la del banco, en el cine.
El GPS te sigue y te ubica en un celular o en un carro, en caso de que se tenga uno, pero si es taxi, éste también puede traer GPS.
En fin, la privacidad ha ido cambiando pero aún hay un ámbito que es, ó debería ser así: privado.
Todo esto sale a relucir ahora que un miembro del grupo FUNDAR solicitó y siguió un juicio para poder acceder y pedir que las declaraciones de los funcionarios públicos, estén disponibles para quien lo desee, es decir abiertas a todo mundo.
Por si tú no lo sabes, al momento se tiene por ley referente a la Responsabilidades de los Servidores Públicos, el que éstos deben llenar y presentar una declaración de bienes, que incluye lo que se tenga en forma conjunta o asociada con la pareja, u otros familiares, socios, heredado, en deuda, etc.
El cuestionario es exhaustivo y uno marca si desea que ésta sea abierta al público, o no. Hasta ahí el deber ser al día de hoy.
Bueno, pues Fundar solicitó y con eso se ha estado discutiendo en la Corte, si un funcionario público tiene derecho o no a pedir que su declaración no esté abierta a cualquier ciudadano.
En principio decimos: CLARO, de bote pronto, pero veamos estas implicaciones en un país como el nuestro.
Los niveles de inseguridad son muy altos, la confianza en la autoridad no es nada buena y aún queda un alto porcentaje de policías municipales que no han pasado las pruebas de control de confianza.
Además ni el IFE, ni otros organismos, han sido capaces de resguardar los datos personales que según prometieron en un inicio.
Por otro lado, queremos pensar que el problema es el enriquecimiento inexplicable y que sabiendo y conociendo la declaración pública se evitará el problema.
Nos equivocamos, el problema reside en que los órganos de justicia y anticorrupción en este país que no funcionan como deben, sino como revanchismo político y ahí están los dos últimos casos: Elba Esther y Granier.
No digo que no sean responsables, pero hay al igual que ellos mínimo otros 20 que no son molestados, por que no ha habído problema político con ellos, incluso hay algunos que hasta están en una Secretaría de Estado.
Entonces no confundamos una cosa con otra.
Equivocadamente nos estamos comparando con otros países en donde las declaraciones son públicas, pero no como las de aquí, sino la declaración del pago anual de impuestos, la cual no tendríamos por qué no conocerla y la Secretaría de Hacienda bien podría revisar lo que debe hacer como tarea diaria, y cotejar ingresos contra egresos, y si no coinciden proceder a revisiones de otra índole.
Me parece que la línea es delgada y no todo lo privado es público, ni todo lo público debe ser privado.