Que en el caso Walmart hubo una pequeña y poderosa intervención para reabrir el asunto en la Procuraduría del Estado.
Porque el Consulado Estadounidense tiene especial interés en que haya declaraciones ministeriales en las que realmente se mencione el nombre de quien habría recibido un soborno por parte de la cadena internacional en Nuevo León.
Porque esa declaración abriría la puerta, más que a un proceso en México contra los que recibieron el soborno, a que allá también los gringos puedan procesar a los responsables de esas acciones.
Y por otro lado, pues la Procuraduría y el gobernador están felices, mientras sean procesos penales que involucran a panistas.
La situación entonces se torna caliente, porque por un lado la exsecretaria del Ayuntamiento, María Emilda Ortiz, dice que ella no firmó ningún permiso y que que el alcalde estaba enterado de todo.
Y por el otro lado, el exalcalde Fernando Margáin dice que ni se dio cuenta de la expedición del permiso, cuando su socio en el despacho Thompson & Knight, Eduardo Javier Elías, abogado del exmunícipe, también estampó su rúbrica.
Si los estadounidenses quieren sangre, es muy posible que la haya en este caso y ya el exalcalde Fernando Margáin trae prendidas las luces de alerta.
Dictámenes en Mesa de la Justicia
Esta semana salen los primeros dictámenes de la Mesa de la Justicia, donde los expedientes varios casos de irregularidades ya pasaron por los comisionados ciudadanos que analizaron cada asunto.
El problema viene porque hasta el momento, como que no se ve por dónde van a mitigar el daño que hicieron los desarrolladores con la construcción irregular en sus inmuebles o desarrollos.
Por ejemplo, en los pasillos del Ayuntamiento de San Pedro hay quien piensa: ¿Cómo es posible que en el Alear construyeran un piso de más, que significó ocho condominios más o penthouses?…
Y cuesta 2 millones de dólares cada penthouse, son 16 millones de dólares más para al desarrollador, mientras éste apenas le retribuye al Municipio, por mitigación del daño de automóviles extras, unos 3 millones de pesos para unos semáforos.
Entonces cada fraccionador va a pensar que mejor se pasa por el arco del triunfo la ley, que al cabo luego en la Mesa de la Justicia da unos cuantos pesos a cambio de varios departamentos más que vendió.
Los números son negros para el desarrollador y rojos para el Municipio.
Luna Ramos y Barbosa Alanís, buenos amigos
El magistrado José Alejandro Luna Ramos, hoy bajo la lupa por la red familiar que tiene en el Poder Judicial de la Federación, es un viejo amigo del juez federal Ricardo Hiram Barbosa Alanís.
Luna Ramos y Barbosa Alanís, suspendido hace dos años por el Consejo de la Judicatura Federal por sus fallos a favor de la apertura de casinos, formaban una dupla en un tribunal colegiado en la Ciudad de México.
Hoy se dice que incluso los motivos por los cuales el Consejo de la Judicatura Federal no ha iniciado un procedimiento de sanción en contra de Barbosa, a diferencia del juez Luis Armando Jerezano, son precisamente los buenos amigos que tiene el juez originario de Santiago, Nuevo León.
