No hay duda que el asesor en seguridad del Estado, Aldo Fasci, está superando con creces a quien ocupó el mismo cargo en la pasada administración.
Si para Jorge Domene toda la inseguridad en el sexenio del exgobernador Rodrigo Medina era una cuestión de percepción, Fasci está tomando el papel de además de vocero, de juez también.
El día de ayer el vocero de seguridad de Jaime Rodríguez exoneró a cualquier funcionario de la Procuraduría de Justicia del Estado de haber participado en la ejecución del fiscal José Luis de León.
“¿Me estás preguntando si lo mandó matar alguien de adentro?, No, punto. Yo te estoy contestando que no lo mató alguien de adentro, lo mataron unos delincuentes”, resolvió el juez Fasci.
Pero luego se contradice el vocero: dice que no puede hablar del caso para no entorpecer las investigaciones de la ejecución del fiscal.
Una duda: ¿acaso exonerar a alguien por adelantado no es estropear las investigaciones?
No es la primera vez que Fasci se adelanta a los jueces y se pone a exculpar a personas. Hace dos semanas cuando se presentó la tragedia en el Colegio Americano del Noreste, Fasci concluyó –apenas horas después del ataque- que el chico que disparó contra sus compañeros y la maestra actuó solo sin la ayuda de ningún compañero ni tampoco influenciado por alguien más. Ni Eliot Ness.
Rodrigo protegido otra vez por la misma jueza
La defensa de Rodrigo Medina logró ayer una suspensión definitiva para que el exgobernador no sea detenido mientras no se resuelva de fondo su amparo.
No hay duda que el abogado de Medina, Alonso Aguilar Zínser, la lleva muy bien con la juez Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León.
Ella fue la misma que ordenó hace dos semanas la liberación de Medina, después de que fuera recluido en el Penal del Topo Chico en prisión preventiva.
Lo único que le queda al Estado es apelar la decisión de la juez ante un Tribunal Colegiado.
Un año de la matanza del Topo Chico
Mañana se cumple un año de la peor matanza ocurrida en un penal de México.
El caso de los 49 reos asesinados en el Penal del Topo Chico el 11 de febrero pasado representó la primera de una serie de crisis que ha enfrentado el gobernador Jaime Rodríguez en su administración.
¿Cómo va el juicio contra los exfuncionarios penitenciarios a quienes el Estado acusó de haber sido los autores materiales de esta masacre?
En un año, el equipo del procurador Roberto Flores, no ha podido conseguir que la juez que lleva el caso dicte sentencia en contra de Jesús Fernando Domínguez Jaramillo y la entonces directora del Topo Chico, Gregoria Salazar Robles.
El miércoles pasado apenas se llevó a cabo una diligencia para la presentación de pruebas. El abogado de los exfuncionarios tiene confianza de que el Estado no podrá sostener la acusación en contra de sus clientes y que un juez federal ordenará su salida del reclusorio. ¿Una pifia más?
