La Ley de Movilidad tomó un rumbo inesperado a días que culmine el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo, con la “amenaza” de que circule la aplanadora azul para aprobar el dictamen.
El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, fue claro: tiene mayoría en las Comisiones Unidas, y además pueden juntar los votos necesarios para aprobar esta ley, que deja de lado temas de movilidad para el peatón y ciclistas.
Organismos civiles acudieron al Congreso para solicitar que se incluyan 10 puntos, pues ven que en materia de ciclistas no hay prácticamente nada, sólo algunas menciones en la ley que de forma elemental tendrían que estar incluidas en cualquier reglamento de tránsito.
No hay estrategias de política pública de movilidad en bicicleta y derechos a los ciclistas, y además se mutiló la ley en materia de transporte.
Nos aseguran que la diputada de Morena, Julia Espinosa de los Monteros, presidenta de la Comisión del Transporte, está advertida de que aparecerá la mayoría azul para aprobar el dictamen.
Llama mucho la atención que en el Presupuesto 2020 no vienen contemplados recursos para la implementación de la nueva gobernanza. Entonces surge una pregunta ¿por qué aprueban una ley si no habrá recursos etiquetados para el Instituto del Transporte?
Samuel contra la ‘DEA’ laboral
Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano, considera que va a haber una “DEA” laboral en México si nuestro país firmala adenda al T-MEC.
Para el legislador, lo más preocupante de esta comparación con la agencia estadounidense que se encarga de la Administración para el Control de Drogas es su inconstitucionalidad y los amparos que pueden desatarse y proceder.
El emecista advierte que el adendum va en contra del artículo 16, el cual señala que nadie puede ser molestado en su propiedad sin mandamiento escrito de la autoridad competente; y del artículo 89, que indica que el Ejecutivo federal está obligado a seguir una política exterior de no intervención.
Inspectores, observadores y panelistas “gringos” no son competentes para realizar auditorías, de acuerdo con Samuel, quien también calificó como una ridiculez que funcionarios de Estados Unidos vigilen el cumplimiento de las exigencias de trabajo.
Sólo habrá que decirle al abogado neoleonés que el debate no sólo debe ocuparse de las empresas, sino de los derechos de los trabajadores. El tema no es el corporativismo de los socios, sino las garantías laborales de mexicanos.
