La alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, ganó el primer round en el pleito legal que trae con el juez federal que concedió la suspensión provisional al casino Foliatti.
La queja que interpuso el Municipio de Monterrey contra la suspensión provisional que concedió el juez Javier Rubén Lozano Martínez se declaró fundada por un tribunal colegiado.
Esto quiere decir que la clausura queda intacta y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología podrá reimponer los sellos en las puertas de este centro de apuestas que hoy está cerrado por órdenes de Protección Civil del Estado.
Pero los magistrados incluso fueron más allá y ordenaron al juez que dé vista al Ministerio Público para que inicie la indagatoria contra quien resulte responsable por la falsificación del permiso municipal que presentó la defensa del Foliatti.
Los primeros que tendrán que responder son los dueños del casino y el apoderado legal de la empresa Comercializadora de Entretenimiento Chihuahua, propietaria del permiso federal con el que operaba.
Malas noticias para Ugo
Las obras de construcción del cuartel de seguridad de Valle Oriente seguirán detenidas todavía por algún tiempo.
El juez primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado concedió la suspensión definitiva al particular que se amparó en contra de esta obra que arrancó el exalcalde de San Pedro, Mauricio Fernández.
El juez consideró que el municipio de San Pedro no consultó –como establece la Ley- a los propietarios de terrenos aledaños del cambio de uso de suelo que hizo de un área verde a equipamiento urbano.
El fallo judicial se dio pese a los intensos cabildeos que hizo el abogado de la constructora Garza Ponce, que exige que se le reconozca como tercero perjudicado en este juicio de amparo.
Este proyecto ha generado problemas al alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, quien ahora no sólo tendrá que resolver únicamente el conflicto legal, sino también el problema financiero.
Hasta el momento ningún banco ha querido entrarle a financiar esta obra que se construye bajo el esquema de una Asociación-Público Privada.
Las instituciones financieras no creen que el Municipio de San Pedro tenga suficiente capacidad de pago.
Gana tiempo magistrada
Algo sorpresivo sucedió el mismo día que los diputados locales tenían como límite para responder a la denuncia de juicio político contra la magistrada Juana María Treviño.
Y es que la funcionaria impugnó la sentencia del juez de Distrito que ordena a los legisladores a responder si procede la denuncia promovida por el abogado Alberto Sada.
Este acto bloqueó el incidente de inejecución de sentencia que Sada presentó el pasado 1 de marzo ante un Tribunal Colegiado, que fue desechado porque el mismo día la magistrada presentó su recurso de revisión.
Los diputados podían ser separados de sus cargos y consignados ante la autoridad federal si incumplían con la orden girada por el juez Sergio Molina.
Pero eso ya no lo sabremos, porque la magistrada ganó tiempo, tanto para ella, como para los omisos y escurridizos legisladores.
