La justicia ha sido, es y seguirá envuelta en una sabana abstracta de pensamientos e interpretaciones. Sin embargo, la ejecución y la obligación del Estado de hacer cumplir las leyes de un país democrático como México no está en duda. El cómo y mediante qué instrumentos se garantice el cumplimiento de estas si se puede debatir.
En ese sentido, la propuesta de crear una fiscalía general, ostentada a ser autónoma, políticamente y económicamente, es antes que nada una idea reformista y esperanzadora.
El problema de la esperanza es que puede ser eterna y México cómo país no puede seguir quieto esperando a que llegue la tan añorada justicia. Y más aún, la verdadera impartición de justicia.
Por eso, me sorprende que al centro del debate sobre la creación de la nueva fiscalía se encuentre en quien será el titular, es decir al actor y no libreto que es lo que verdaderamente determinará si el nuevo brazo autónomo le hace honor a la justicia o si sólo se le cambió del nombre. Cómo resultó con el INE; se instaló como titular a un actor fresco, con una trayectoria aparentemente muy respetable y al final en el sistema electoral, de manera apabullante vencieron las mismas mañas y vicios del pasado.
Hoy ante la disyuntiva, la atención y concentración de los diputados y senadores- para variar- está en la política partidista. Los titulares y los opinólogos se rasgan las vestiduras especulando quien podrá ser el nuevo fiscal. Que sí será el actual procurador Raúl Cervantes, sí resurgirá de las cenizas una figura política del pasado o sí existe un cuarto de junto en donde se esté creando una figura lo suficientemente atractiva para vendérsela al pueblo mexicano y que a su ves satisfaga las inquietudes del colectivo político-empresarial. Que más da digo yo.
Porque la única manera de que se cumplan las expectativas de un organismo de esa naturaleza es que crearlo no sólo desde la emancipación del poder central si no desde unas bases jurídicas que coloquen los candados y los instrumentos necesarios para filtrar lo mejor posible ese lastre putrefacto del que padecemos los mexicanos; la corrupción.
El primer problema de los modelos alternativos de la administración pública, es que se encuentran diseñados mediante marcos referenciales. En tanto que su eficiencia sólo puede ser probada en el campo, es decir una vez que se encuentran en funciones. Y es que la predictibilidad del Leviatán es un lujo que las sociedades no se pueden dar, aunque las ilusiones y las expectativas si. El segundo, es que está probado que no existe una formula exacta de cuando, cuanto y cómo llevar a cabo los ajustes necesarios para mejor el desempeño de un organismo público. Ya que la naturaleza de una entidad gubernamental recién instalada varía, factores como el humano, burocrático, presupuestal, técnico y político tienden a desarrollarse en diferentes etapas y no es hasta que en un momento indefinido se pueda verdaderamente apreciar, que falta y que sobra.
Por otro lado,claro que la selección de quién encabece la fiscalía importa e importa mucho, pero el escenario más controversial y si menos democrático que era un pase directo ya esta descartado. Por lo que sea la terna que sea, encabezada o no por el procurador Cervantes- que a decir de muchos ha sido de lo menos peor en cuanto procuración de justicia este sexenio- resulta poco relevante. Porque si de verdad el perfil de los aspirantes resulta tan preocupante para el congreso, entonces harán su trabajo más allá de lo político. Se sentarán, y desde el escrutinio técnico y legislativo harán comparecer y ultimadamente ratificarán a la mejor opción. Por ahora, sociedad civil, congreso y gobierno debemos concentrarnos en el cómo y no en el quién. Por que sí el fiscal importa, la fiscalía importa aún más, sobre todo por que el colmo de una sociedad hambrienta de justicia está en que un organismo tan representativo del progreso de este país se construya a medias- como el socavón de Cuernavaca- debido al apetito político electoral de unos cuantos. Al tiempo.