Hay más de 12 millones de personas que se han quedado sin empleo y, por lo tanto, sin ingresos ante la crisis económica por el COVID19. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo el segundo segmento de la población más afectada son las y los jóvenes.
El panorama para Nuevo León tampoco es distinto. Se registra una reducción en el número de personas inscritas al Seguro Social, entre ellas, jóvenes menores de 30 años, que son una población económicamente activa.
Esto sin contar las miles de familias que no sólo dependen de ingresos formales, sino que viven al día de sus negocios, ventas, servicios (incluyendo los de la economía informal). La realidad es dolorosa en estas circunstancias de recesión económica. Pero todavía no estamos frente a lo peor. Esta pandemia alargará sus consecuencias en medio de tensiones políticas y riesgos sanitarios, más tratándose de un país como el nuestro de tantas desigualdades que ya estaban ahí antes del COVID-19.
Por eso mismo, en la antesala de escenarios adversos en donde nos “tragan” los temas que parecen urgentes, pero que no se les da la importancia -al menos no desde el Poder Ejecutivo- necesitamos ideas que permitan confrontar esta realidad. Que puedan hacerse Ley para que independientemente de quién esté en los cargos, podamos tener un presupuesto destinado a emergencias cómo estas y que garanticen ingresos básicos de 3 a 5 meses para las personas que pierden su empleo, precisamente, por contingencias.
A esta iniciativa que no es un “hilo negro inventado”, en su origen y retroalimentación están debates, así como acuerdos políticos, de otros países como Alemania, Brasil y España. En México, la red de organizaciones de la sociedad civil “Nosotrxs”, tanto como académicos y gente con experiencia en la materia, son los grandes impulsores de esta propuesta.
Tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República, legisladores y legisladoras de diferentes partidos políticos estamos haciendo una apuesta que permita alcanzar los consensos suficientes para hacerla una realidad.
En los conversatorios que se han realizado en todo el país, sale a relucir algo más que datos: experiencias dolorosas de gente que de la “noche a la mañana” dejó de recibir ingresos. Que ahora se enfrenta al reto de buscar cómo solventar sus gastos, cómo llevar comida a sus casas, cómo pagar la nómina de sus empleados y empleadas.
La instrucción de las autoridades de salud es contundente a nivel global: “Quédate en casa”, pero, ¿con qué dinero se puede si muchas personas tienen que salir para ganarlo y así poder hacer caso de tal medida?
La crisis económica debe verse con igual seriedad que la crisis sanitaria. Como afirma la Senadora Patricia Mercado “estamos a tiempo”.
Por eso, el llamado de la sociedad civil y de un grupo plural de legisladores y legisladoras en todo el país es al presidente. Garantizar un Ingreso Vital, que además es reconocido como un caso exitoso en Naciones Unidas por lo que está sucediendo en España, podría cerrar la puerta a mayor pobreza a partir de esta crisis y abrir otra hacia políticas de bienestar que tengan como prioridad tener una base, un piso parejo, un ingreso mensual de emergencia (se calcula que sin deuda puede ser de 3 mil 696 pesos mensuales en un rango de 3 hasta 5 meses) para asegurar al menos la comida en tanto podemos tomar decisiones individuales.
Esto no es responsabilidad -aunque sí en solidaridad- de las personas o de las empresas. Es obligación del Estado.
