Empieza el maratón Guadalupe – Reyes y, al parecer, el mundo es si no más feliz, al menos más amable. Aunque los mexicanos no recordarán este diciembre por los villancicos sino por los cánticos perredistas al ritmo de “privaticen a la puta madre que los parió” en el Congreso.
Pero no es igual para todos, al menos para el profesor José Luis Rubio ni una cosa ni la otra serán trascendentales en este mes.
Antier, leyendo información en mis redes sociales virtuales encontré su caso. La descripción de una escena que parece salida de cuento de terror. Secuestraron y violaron a su hija. Ella, en defensa propia, mató a su agresor. Eso no es todo, José Luis cuenta que le pidieron 60 mil pesos para que no se cambie el expediente en donde ya se le declaraba como “homicida” sin poner el antecedente y pruebas de legítima defensa.
La indolencia de las autoridades, como de costumbre, es uno de los síntomas más visibles que ha generado la desconfianza de los ciudadanos para acercarse a las instituciones públicas a las que tenemos derecho. En la realidad, sostenemos en ellas a personas sin escrúpulos capaces de ponerle precio a la verdad y la Ley.
Por otra parte, la indiferencia hacia estos casos es cada vez mayor porque el miedo es la reacción inmediata que nos tiene amordazado para “no meterte en problemas”. Aunque es un “secreto a voces” que el sistema no funciona, pocos nos atrevemos a cambiar ese escenario en donde estamos permitiendo que testigos, jueces, policías, tengan un precio…
… Precio que los familiares de la víctima terminan también pagando no sólo con daños emocionales, con sus propios bolsillos. Porque por si no nos habíamos puesto a pensar, la justicia cuesta. La gente tiene que dejar de trabajar, por ejemplo, si quiere ir a levantar o ratificar una denuncia. Adentro, en la cárcel, con un sistema de pagos que “aseguran” no sólo la tranquilidad, sino hasta la comida, también hay que desembolsar dinero. Los costos de los honorarios de los abogados que, a veces resultan ser defensores de sí mismos menos de sus clientes, hay que considerarlo en el presupuesto. No contando con las fotocopias, los pasajes de autobús o la gasolina, las comidas. Sí, en México la justicia como la injusticia la terminamos absorbiendo nosotros, con nuestro dinero.
Esa cadena de no-favores y de irrespeto al Estado de Derecho está generando una franca rebeldía ante los antídotos que se ofrecen como alternativas. Por esa razón, la ciudadanía no está dispuesta a denunciar, a entregar información, a exigir respeto a sus derechos, ¿para qué? Gastar tiempo, dinero y esfuerzo sin tener la certeza de que realmente se va resolver su caso, es difícil. Muy difícil.
No obstante, el caso de este profesor una vez más demuestra que cuando la ciudadanía realmente reivindica su sentido de justicia, ellos mismos pueden hacer al menos visible la necesidad de que exista. Han sido los ciudadanos organizados los que a la familia de esta joven, les han brindado asesoría legal, acompañamiento emocional, estrategia mediática y donativos. Son ellos los que voluntariamente se mantienen ocupados por su caso.
Está claro que no es el único ni la última vez, que no habrá esfuerzo que alcance para atender todos los que están en las fauces del “monstruo” de la injusticia mexicana, los que conocemos y los que no.
Ahí la muestra de lo que hace la organización social cuando entre todos podamos asumirnos como corresponsables de la solución de una injusticia como también que debemos estar alerta para no permitir que sucedan estos hechos con la permisividad nuestra. Porque no podemos vivir en la espera pasiva de otra trágico diciembre para los mexicanos que se enfrentan a nuestro sistema de justicia.
