Siendo una persona que duda, lo primero que pasó por mi cabeza cuando escuché el video en YouTube de la diputada Blanca Lilia Sandoval, fue una pregunta: ¿tendrá pruebas de lo que está acusando a la Asociación Civil Acodemis?
Todavía no terminaba de digerir esta interrogante, cuando convencida de las supuestas pruebas la diputada hablaba de la perversión sexual, mientras sostenía un folleto con divulgación de información para las personas con VIH.
Su argumento principal versa sobre el contenido visual de tales imágenes, en las que hombres homosexuales aparecen desnudos y la promiscuidad del “prostíbulo gay” llamado “La Casita”, como su evidente indignación por el destino de recursos públicos hacia tales “perversiones”.
Sinceramente, las acusaciones me parecieron graves.
Aunque conozco al activista Abel Quiroga, reconozco también que hay que dejar el beneficio de la duda para que con investigación se aclaren de dónde salen las mismas.
Estaba esperando la respuesta del acusado, cuando más bien lo que llamó mi atención fue la convicción de la diputada.
Realmente, parecía que estaba defendiendo con vehemencia algo, de lo que hasta ese momento, era altamente probable que tuviera, como ella lo afirmó: pruebas.
Lejos de la cuestión sexual o de los prejuicios, hay una pregunta extra que quizá no se ha hecho.
Pero, ¿qué es lo que tiene que reclamar una persona en la investidura de su fuero, que no podría extenderlo hacia el interior?
Aunque para el día de la publicación de esta columna, las cosas se han aclarado. Al menos el domingo pasado CENSIDA (Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida) emitió su propia postura afirmando que los recursos siguen para Acodemis A.C., y que la presentación de su publicidad no tiene contenidos que no sean más que para cumplir los objetivos para los que les destinan tales recursos públicos a la organización.
Pero aún con eso, me sigue inquietando que una vez más (porque ha pasado en ocasiones anteriores) sean nuestros representantes los que demanden a los ciudadanos la vigilancia, observación y control sobre sus instituciones u organismos y no al revés. Lo cual tampoco quiere decir que sea incorrecto, pero…
Cuantas veces, por ejemplo, hemos sabido de actos de corrupción, fraudes o algunas complicidades que quedan al descubierto sin que éstas realmente reciban un castigo justo, o la sanción correspondiente.
Cuántos políticos vemos brincar de un puesto a otro sin que exista un mecanismo legal que no lo permita.
Cuántos de los integrantes de sus propios equipos se terminan robando el dinero para sus campañas…. Toda esa lana, varo, pesitos que usted gana con esfuerzo –no importando si son recursos privados o públicos- termina por alimentar a un sistema político que no nos rinde cuentas, y todavía que no lo hace, pretende hacernos rendir cuentas a todos los demás.
Por eso, a pesar de que el tema parece ser que sólo compete a la comunidad LGBTi, en realidad no lo es. En el supuesto que realmente hubieran encontrado irregularidades en la organización a la que se expuso públicamente, ¿alguien habría sido capaz de irle a exigir que entonces también se hicieran actos de limpieza y justicia entre sus colegas? Es improbable que sucediera.
Esta situación sirve de experiencia para la sociedad civil, porque qué bueno que las pruebas sólo han demostrado lo que algunos sabíamos, que las organizaciones de la comunidad gay en Monterrey han trabajado profesionalmente su tema pese a la ignorancia, los prejuicios y el clóset. Y qué loable la labor de la diputada que realmente quiere hacer su trabajo, en realidad a mí me gusta ver políticos que están dispuestos a denunciar, pero se equivocó de lugar, porque también como dice otro refrán: el buen juez, por su casa empieza. Y no precisamente, en La Casita.
