La insistencia por parte del PRD de llevar a cabo una consulta energética que revele los verdaderos intereses de los mexicanos está cerca de reunir el millón 630 mil firmas que se requieren para ser efectuada. 

A voz de sus militantes, el impartir una consulta a toda la población del país pondría en evidencia cómo la mayoría de los mexicanos supuestamente están en contra de la reforma, por atacar la soberanía del país y manchar el legado de Don Lázaro. 

La reforma energética no surgió de un capricho de un fanático de la eficiencia, sino de la enervante situación fiscal en la que se encuentra México. A falta de una reforma fiscal integral, que sería la antítesis de la que presentaron actualmente, los ingresos petroleros han llegado a equivaler el 34.5 por ciento de los ingresos totales del Sector Público Presupuestario. 

Por otro lado, el gasto público que acaba de aceptar nuevos caminos de financiamiento para solventar su cantidad, no aparenta tener cabida. 

Gracias a la continua caída en los perfiles de producción a futuro de los activos Cantarell y Ku Maloob Zaap (KMZ), nuestros ingresos por el petróleo tenderán a estancarse (suponiendo que el precio del barril no llegara a caerse). 

Además de ello, Pemex no tiene la capacidad de inversión necesaria para la exploración y perforación, por el alto nivel de riesgo que representan y limitados recursos disponibles. La reforma plantea la posibilidad de que se comparta el riesgo de exploración, a cambio de un porcentaje de la ganancia extraída. 

La mera premisa de nuestra democracia es que, al votar representantes por región para que integren las respectivas cámaras legislativas, nuestros intereses sean congregados y nos evitemos la costosa y tediosa misión de validar cada opinión personal para cada punto a debatir. 

En otra vertiente, se espera que votemos a los ciudadanos más capaces y con mayor visión para prever lo que serían las mejores decisiones para nuestro futuro como sociedad.

El que se exija una consulta energética que asegure, en teoría, que una facción de los debatientes tiene la razón es una cachetada a dos mejillas. En principio, desprecia a los legisladores como incapaces e inconscientes, y al pueblo de suficientemente ignorante para votarlos al poder. 

A ese mismo pueblo inculto y profano se le está exigiendo que imparta su opinión sobre los tecnicismos que dejarían la propuesta de utilidad o producción compartida, para impulsar la atracción de inversión y facilitar la adquisición de tecnologías necesarias en el sector petroquímico (no es tan fácil como sacar agua de un pozo). 

Si se llegara a efectuar la consulta, ¿por qué no impulsar también una consulta sobre nuestra política monetaria? ¿Será efectivo el encuestar a nuestra población sobre el nivel más apropiado de nuestra tasa de interés o el nivel de nuestras reservas internacionales?

Lo que la consulta energética realmente representa es un documento que valide la supuesta moralidad que representan los opositores a la reforma. 

A falta de argumentos que traer al debate, fuera de los supuestos ataques a nuestra soberanía nacional o el sobreuso de la icónica palabra “privatización”, se busca respaldar su posición por medio de una medida literalmente populista y así “salvar” a México.