En memoria de Jorge Mercado y Javier Arredondo
Tomar decisiones no es fácil. Menos si son de la vida pública y, todavía menos, si se trata de un tema doloroso, complejo y delicado como es la inseguridad pública del país. Tenemos una crisis innegable que no es reciente. El país está “bañado en sangre”. Esta discusión se vuelve álgida en tanto el presidente no desiste de su propuesta de la creación de una Guardia Nacional y tenemos un dictamen de la Cámara de Diputados que pone la base de ésta en las Fuerzas Armadas.
Queriendo, el grupo mayoritario que esto pasara de forma inmediata, algunos nos dimos a la tarea de hacer una cápsula de tiempo que permita el análisis de la información, la técnica legislativa, pero sobre todo el intercambio de experiencia de quienes saben sobre la materia. No sólo expertos, también víctimas, funcionarios públicos, que están involucrados y que debemos tomar en cuenta para tomar una decisión legislativa.
Por eso, se abrió la puerta. No a foros, sino al Parlamento Abierto, que realmente integre los conocimientos para una nueva propuesta. Porque la pregunta no es sencilla. No se trata de quiénes son “mejores” o “peores” víctimas. Tampoco sobre quiénes padecemos “más” o “menos” las consecuencias de la inseguridad. Menos sobre qué “delincuentes” son “más delincuentes” si los gobernantes, los policías, los marinos, los militares o los políticos.
No.
La pregunta es sobre el cambio constitucional que implica el tener una Guardia Nacional que, además, no se propone civil sino militar.
Aunque esto puede resultar atractivo porque la gente ya demostró preferir la “mano dura” -veamos la historia que tenemos como referencia en la administración de Felipe Calderón-, muchos expertos han cuestionado que esto resulte de una forma distinta de cómo conocemos: mayores violaciones a derechos humanos (tenemos 24.2 millones de víctimas más, anuales), más impunidad (la cifra negra de delitos en el último año creció de 92 a 96.6 por ciento) y, más inseguridad (encuestas demuestran que nos sentimos cada vez más inseguros), una vez que las Fuerzas Armadas tampoco han demostrado -en una medida temporal- garantía alguna de que esto sea eficiente y satisfactorio para crear seguridad.
Para quienes piensan que se puede crear una Guardia Nacional, insisten que debería tener un mando civil. Esa es la propuesta en la que varios coinciden si es que esto se tendría que aprobar.
¿Constitucionalizar esta estrategia de tener una Guardia Nacional dará resultados distintos? Esa es otra de las preguntas también importantes.
La invitación a la ciudadanía es a tener también un análisis y postura en la que entendamos que no podríamos basar este tipo de decisión en sólo pensar que tenemos un “Presidente bueno”, que ya “de por sí los militares y marinos están en las calles” o que “ya no tenemos más opciones más que militarizar”.
Los riesgos que en esta semana de discusión se ponen en evidencia giran alrededor de las “letras chiquitas” de ese cambio constitucional en el que tanto están insistiendo.
No se debe aprobar algo sin conocimientos.
Aunque no hemos tenido gran asistencia de senadores y senadoras, deberíamos estar conscientes que no se puede tomar a la ligera delegar la responsabilidad de la seguridad pública a una Guardia Nacional de carácter militar. Tendríamos que revisar al menos que si los políticos mienten, la memoria que deja la experiencia, no.
Se esperaría, entonces, que este mecanismo de participación ciudadana como lo es el Parlamento Abierto, sirva de brújula y no de simulación de una votación en “línea”.
