¿Ley de Participación Ciudadana en Nuevo León?

México es un país en donde no sólo tenemos un grave déficit de participación ciudadana en la solución de los problemas que son públicos. Lamentablemente, las condiciones sociohistóricas crearon los territorios perfectos para la pasividad, la apatía y la inacción. 

A pesar de que somos los primeros afectados por los monopolios del poder político, las ineficiencias de la administración pública y de las relaciones jerárquicas entre los grupos de interés, pocos son los que ejercen su derecho consititucional a incidir en la toma de decisiones, sin que esto obligue legalmente a las autoridades a promover una real participación ciudadana. 

Sin pretender confundir este concepto con la movilización social –son distintos- es importante destacar lo que, afiman los estudiosos de la democracia Larry Diamond y Leonardo Morlino: la participación en la democracia no sólo debe estar sujeta al voto, sino que es responsabilidad de los gobiernos asegurar la calidad de la misma, haciendo que los ciudadanos hagan uso de sus derechos formales por la vía de la organización, las asambleas, las protestas, el cabildeo, así como la influencia en el proceso de la toma de decisiones. 

Es la acción civil, mediante la participación, la que puede ser un medio para establecer las demandas sociales, las denuncias, así como influir en la agenda pública con temas o causas que son vitales. 

Para que esto suceda, entonces, se deben contar con mecanismos formales e incentivar los informales de participación. 

De otra manera, aunque desde la agenda pública se enuncien grandes programas “participativos”, si en la práctica no existen esas formas de hacer que la gente opine, se integre e incida, se convertirán  -como ya ha pasado- en campañas únicamente publicitarias, en donde los habitantes están informados pero no están siendo parte de un proceso de toma de decisiones. 

Hace poco alguien me comentaba que la desventaja de la participación son los largos plazos, puesto que todos nos tenemos que poner de acuerdo. 

Mi objeción es que, si bien es cierto que no son procesos a corto plazo, también lo es que entre más se tenga clara una metodología de trabajo para encontrar los puntos de coincidencia, mayor será la facilidad y rapidez con la que los funcionarios y autoridades podrán tomar esas decisiones. 

Por tanto, aunque parece pasarse por alto algunas figuras legales de participación, éstas son vitales para establecer los mecanismos operativos para que la participación no se convierta en una campaña publicitaria, ni en un pretexto para ganar votos en la próxima elección. Y tampoco para que se incurra al clásico “monopolio” de ciudadanos que salen a decir en ruedas de prensa que “representan a la ciudadanía”, cuando todos sabemos que en este país no hay una representatividad en el gobierno, menos entonces en las sociedades. 

De ahí que uno de los grandes temas de este año para Nuevo León sea el determinar las herramientas o mecanismos dentro de un marco jurídico que permita, al menos, los procedimientos precisos para tal incidencia. 

Aunque estamos concientes que una ley no lo resuelve, sabemos que esto puede sentar nuevas rutas críticas para las alternativas de solución a nuestros problemas públicos, como acotar el poder de los politicos. 

Algunas de estas figuras a debatir son: la asamblea ciudadana, el plebiscito, el referendum, la iniciativa popular modificada, la consultada ciudadana, la rendición de cuentas, la revocación de mandato, el presupuesto participativo, la red de consultorías ciudadanas, la audiencia pública y los recorridos del Presidente Municipal. Te recomiendo que googlees estos conceptos para tener más claro su significado.

Hace algunos años un maestro mío, el periodista Jesús Cantú, me decía que la participación ciudadana para los políticos significa ceder y/o compartir, según sea el caso, el poder. 

Probablemente, eso es precisamente el obstáculo por el que no ha pasado la ley en Nuevo León, pero no por eso debemos dejar de debatir o crear otras alternativas, para que realmente exista una corresponsabilidad en la toma de decisiones públicas.