Esta semana comenzarán las discusiones para tener un solo predictamen de la Ley de Movilidad para el estado de Nuevo León, donde se perfila un choque entre las bancadas del Morena, PAN y organizaciones civiles, las cuales estarán en las mesas de trabajo.
Pero más allá de que no hay un consenso -y se ve muy lejano alcanzarlo-, lo que llama mucho la atención, es que entre las propuestas, no establecen que la tarifa del servicio público se lleve de manera transparente y abierta a la ciudadanía.
Y preocupa aún más que se propone una Junta de Gobierno, que estaría dominada por el propio Ejecutivo estatal, así como organismos intermedios de la Iniciativa Privada y presidentes municipales, con muy pocos votos para la sociedad civil y los usuarios del transporte.
Si bien, la presidenta de la Comisión del Transporte de Congreso local, Julia Espinosa de los Monteros, se ha manifestado a favor de que sea abierta la votación por un posible aumento a la tarifa, ahora podría luchar para que quede por ley un proceso al público.
En el mismo sentido tendrían que estar los diputados del PAN, Jesús Nava y Nancy Olguín, presidentes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Comisión de Desarrollo Urbano, respectivamente, que integran la Comisiones Unidas, junto con la Comisión del Transporte. Esta semana será clave.
Ernesto Canales en la mira
El exsubprocurador Anticorrupción de Nuevo León Ernesto Canales puede considerarse en este momento prófugo de la justicia, y a pesar de su defensa legal, el exfuncionario podría ser detenido en cualquier momento acusado del presunto delito de administración fraudulenta en contra de Paula Cusi.
El Juzgado 24 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó la reaprehensión de Canales el pasado 20 de noviembre, según consta en las notificaciones del expediente 49/2019.
Hace casi un mes, el 31 de octubre, la defensa de Canales sufrió otro revés judicial, después de que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo suspendiera el recurso que promovieran para evitar su detención.
Canales y sus abogados ya deben estar preparando nuevos recursos, pero por el sentido que están tomando las últimas resoluciones, luce cada vez más complicado que el exfuncionario del Bronco pueda evadir la acción de la justicia.